Tijuana.- A pesar de que el fenómeno migratorio de separación de familias es recurrente en esta región por la cercanía con Estados Unidos, es un tema que poco se conoce a fondo, considera Lucrecia Ramírez, quien se vio en la necesidad de dejar a dos de sus cuatro hijos en la Unión Americana cuando regresó a esta ciudad.
“Fue una decisión difícil, porque si los traía para acá no tendrían las oportunidades que tienen en San Diego. No podía quitarles un futuro, los extraño, pero allá están mejor”, dice.
Años atrás, para mantener a sus dos hijos, se fue a trabajar a San Diego y los tres ingresaron a Estados Unidos con visa de turista; allá se casó y tuvo dos hijos más.
Pero las visas vencieron y se convirtieron en inmigrantes sin identidad. Vivían sin papeles, hasta que regresaron tras la muerte del padre de Lucrecia.
Lucrecia llegó a Baja California con sus dos hijos mexicanos, pero sus hijos estadounidenses se quedaron en San Diego.
“Su padre se quedó con ellos por decisión de ambos, pero él tampoco tiene papeles. Es ilegal y me da miedo porque si un día lo deportan, a mis hijos los recogería el gobierno”, comenta.
Como Lucrecia regresó de manera voluntaria, su caso no está documentado en las estadísticas oficiales de deportaciones.
Pero cuando regresó, como muchas personas más que han sido deportadas, Lucrecia no tenía identificación oficial, licencia de conducir, ni documentos que le permitieran encontrar un empleo formal.
Así acudió a la Dirección de Atención a Migrantes en el Palacio Municipal de Tijuana, y como ella, son muchas las personas que regresan a esta entidad en un estado anímico, económico y legal vulnerable.
José Luis Pérez Canchola, director de esa oficina municipal y experto en temas migratorios, dice que conocer estadísticas de familias separadas es complejo, pues no existe una dependencia que atienda específicamente el tema.
“Es difícil, porque los Estados Unidos no lleva un registro. Todas las estadísticas que se manejan en México de deportaciones son las de ellos”, dice Pérez Canchola.
Comenta que por su experiencia trabajando en temas migratorios ha encontrado que la separación de familias en esta frontera se divide entre las deportaciones y los regresos voluntarios.
“Yo he entrevistado a familias. Imagínate que la señora va a la tienda a comprar el mandado y ahí la arrestan y deja en la casa dos o tres niños menores”, cuenta.
La Dirección de Atención al Migrante solo puede estimar en miles las familias separadas, pero no hay cifras oficiales y las únicas estadísticas oficiales son las repatriaciones contabilizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
En 2020, con el paso de la pandemia a causa del coronavirus, disminuyeron sustancialmente las deportaciones y según los datos de esa oficina federal hubo más de 18 mil 189 de estos eventos por la frontera de Baja California.
Tras los meses de confinamiento, de marzo a junio, las repatriaciones tuvieron un cese por el gobierno de Estados Unidos, pero desde julio las cifras se elevaron.
Desde ese mes hasta noviembre del 2020, que son las cifras más actualizadas por el INM, se sumaron otras 11 mil 564 deportaciones.
Entre esos números hay familias migrantes como la de Lucrecia, que oficialmente nadie parece estar contando.