Mariela Tapia/La Voz De la Frontera
Mexicali.-Después de que una ex funcionaria señalara los desvíos de recursos del Fideicomiso de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, programa mejor conocido como “Beca Progreso”, por la vía administrativa fueron inhabilitados cuatro funcionarios, de los que solo uno concretó un acuerdo reparatorio con Contraloría del Estado por 450 mil pesos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que tras dos denuncias que se realizaron por la vía penal sobre el desvío de alrededor 1.5 a 2 millones de pesos etiquetados para el rubro de infraestructura escolar, la dependencia continúa integrando la carpeta de la investigación en contra de Román Ernesto “N” Alexander “N” y Jesús “N”, siendo este último el que entregó dicho recurso mediante la vía administrativa.
Exactamente se tienen dos denuncias por la vía penal, una interpuesta por la denunciante, Lucía Villarreal Camarena, quien señalara la irregularidad en el 2015 y la segunda interpuesta por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. Tras dichos señalamientos, la Dirección de Auditoría Gubernamental de esa dependencia realizó una auditoría a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo “Beca Progreso”, de la cual el 28 de septiembre de 2015 se radicó por la Dirección Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial bajo expediente 147/Q/15.
Una vez concluida la investigación se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa. El 22 de noviembre del 2017 la Contraloría emitió una resolución en contra de Lucía Villareal Camarena, a quien se le impuso una inhabilitación, sanción económica y restitución del daño obtenido con motivo de la infracción, a lo cual ella respondió con una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo cual sigue en proceso. En tanto, el 21 de noviembre del 2017 se emitió una resolución en contra de Alexander García, Jesús de la Rosa Anaya y Román Ernesto Padilla Rivera, a quienes se les impuso una inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por 5 años, así como una restitución del daño obtenido con motivo de la infracción. La irregularidad detectada fue el desvío de recursos de beneficiarios del programa “Beca Progreso”, mediante el cobro de cheques destinados a dichos beneficiarios sin haberse entregado el recurso respectivo por un monto de 1 millón 523 mil 674 pesos.
EL CONTEXTO
En septiembre de 2015, la responsable de la “Beca Progreso”, Lucía Villarreal Camarena, denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado que tres empleados a su cargo estaban endosando y cobrando los cheques que deberían beneficiar a planteles educativos. Estos eran Jesús de la Rosa Anaya, hermano de políticos y funcionarios de primer nivel, así como Padilla Rivera y Alexander García Luna. En aquel entonces, el primero encargado de resguardar los cheques de la Beca Progreso mientras Padilla y García fungían como auxiliares administrativos.
