Tijuana.- Hasta 40% de lo captado por la administración de Jaime Bonilla Valdez por el cobro del Impuesto Sobre Nómina es factible para ser devuelto a las empresas que los pagaron, mediante la presentación de amparos, indicó el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
Hasta antes de la reforma de la Ley de Ingresos de 2020, el especialista en derecho fiscal estimó que de ese gravamen el estado recaudaba alrededor de mil 500 millones de pesos anuales, cantidad que se incrementó a partir de 2020 a dos mil 500 millones de pesos, aproximadamente derivado de la aplicación de la sobretasa al Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.
El argumento del gobierno estatal para elevar la sobretasa del 0.63 al 1.20% fue la necesidad de emprender proyectos educativos y mantener la gratuidad en la educación.
Es esa sobretasa la que se está revirtiendo a través de 300 juicios amparos promovidos el año pasado a través el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los cuales causaron sentencia favorable para los empresarios, quienes esta semana comenzaron a recibir las notificaciones de devolución por parte del gobierno bonillista.
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El poder judicial federal demandó al estado restituir al agraviado las cantidades que a la fecha se le cobraron por concepto de sobretasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal y ordenó que, en lo subsecuente no se aplique ese gravamen, dado que dicha obligación tributaria “deberá ser desincorporada de la esfera jurídica de la hoy parte quejosa”.
El monto de devolución va acorde a la cantidad de afectados que se amparen contra la aplicación de la sobretasa, la cual se declaró inconstitucional porque invade competencia federal, lo que conlleva al derecho de la devolución de las cantidades enteradas, debidamente actualizadas, lo que representa una erogación mayor a lo captado por el pago original de los contribuyentes.
Las sentencias a favor de los amparados comenzaron a liberarse hace más de una semana y desde el 14 de julio, en representación de la Secretaría de Hacienda, Alberto Iván Díaz Mariscal, subprocurador de lo Contenciosos de la Procuraduría Fiscal del Estado, procedió a la expedición de cheques, los cuales se entregan a partir de la presente semana.
Para su entrega y cobro puso a disposición de los demandantes la Ventanilla del departamento de pagaduría de la oficina de la Tesorería del Egreso del estado en Mexicali, “y con ello se logre el debido cumplimiento a la sentencia del presente juicio de garantías al rubro indicado”, se lee en el documento.
