Unos de las acciones de gobierno que más presume el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, es la limpieza de la canalización del Río Tijuana. Casi diariamente, el mandatario invita a sus transmisiones matutinas al titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Salomón Faz Apodaca, con el propósito de que este muestre avances de las obras.
A pesar de ser una obra administrada por la Comisión Nacional del Agua, Bonilla Valdez se ha propuesto terminar la limpieza en un plazo máximo de 60 días, que se cumplirían el próximo mes de octubre.
El ejecutivo estatal todos los días habla de la remoción de materiales y vegetación, pero pocas veces toca el asunto del traslado de los habitantes de la canalización, un problema social muy añejo, que varias administraciones han pretendido resolver, sin éxito alguno.
“YA HAY UN PLAN”
El secretario del agua, Salomón Faz Apodaca, precisó que en nueve kilómetros de la canalización, residen alrededor de mil personas, las cuales se concentran principalmente en el área norte de la infraestructura federal, retrasando el avance de las obras de remoción, pues muchos de ellos viven en las compuertas.
“Casi todas las compuertas están habitadas, tienen gente. Formamos un grupo de trabajo coordinado por el DIF para afrontar el problema. No podemos entrar al canal si no tenemos una respuesta inmediata e integral de qué nos vamos a encontrar ahí. Hay un tema de indigencia, de adicciones, un tema de salud, tema de fiscalía, derechos humanos y vivienda”, comentó.
Faz Apodaca, precisó que se tendrá que analizar cuál es la condición de cada una de las personas que residen en la canalización, porque no todos podrían ser traslados a albergues o darles empleo, por el problema de adicciones que muchos sufren.
“Es complejo y preferimos presentar una propuesta de solución integral, aunque nos llevará un poco más de tiempo que hacer con premura las cosas y que luego se nos complique, porque es un tema complicado que hay que abordar con mucho cuidado”, agregó.
VIEJOS INTENTOS POR RESOLVER EL PROBLEMA
La más reciente administración que pretendió resolver el problema de indigencia que hay al interior de la canalización del Río Tijuana, fue la que encabezó Jorge Astiazarán, quien en marzo de 2015 aprovechó la temporada de lluvias para enviar a los habitantes de “El Bordo” a centros de rehabilitación, albergues y casas de apoyo.
“Lo único que hicieron fue sacarlos, canalizar a un grupo a centros de rehabilitación y la gran mayoría de esa comunidad terminó dispersa en toda la ciudad, en lo que nunca estuvimos de acuerdo.Esperemos que no se vuelva repetir ese tipo de acción que sucedió en esa administración”, recuerda el coordinador de Alianza Migrante, José María García Lara.
Un estudio elaborado por el Colegio de la Frontera Norte, que tuvo como base la encuesta a 401 habitantes de la canalización, reveló que 29% de ellos nunca había consumido una droga en su vida, 71% ha consumido y 20% de los que consumen iniciaron en el “bordo”.
“Hemos impulsado a que esa comunidad sea apoyada para que se integre a la vida laboral después de su recuperación. Hay falta de programas para la gente se fue acumulando en la canalización provocando un problema de salud, porque hace tiempo que no había los proyectos adecuados para protegerlos”, puntualizó García Lara.
El trabajo de El Colef mostraba que las maneras de subsistencia de los habitantes de la canalización se dividían de la siguiente manera: 41% es la limpieza de carros, 20% tienen un trabajo en el mercado, 44% en reciclaje, servicios, albañilería, entre otros similares y 10% pidiendo dinero.
A su vez, 94% ha sido detenido por la policía municipal alguna vez, 34% por no tener identificación, 33% por deambular y 15% por su aspecto. 44% sufrió agresiones físicas y 52% agresión verbal. De entre los mismos estudios, se compartieron los testimonios de abusos de la Policía. 70% es detenido alrededor de una vez por semana.
