Tijuana. –La Secretaría de Honestidad y la Función Pública del gobierno de Baja California cerró el año 2020 con una amenaza dirigida a las empresas y empresarios sobre futuros cortes de agua a quienes se han negado a pagar lo ya dictaminado por la auditora Fisamex.
“Vamos a optar por las acciones coercitivas, porque siguen negándose a pagar a pesar de que ya conocen las dictaminaciones e incluso han reconocido los adeudos”, dijo la titular de la SHFP, Vicenta Espinosa Martínez.
Las empresas dictaminadas en Tijuana suman un adeudo de tres mil 933 millones 920 mil 183 pesos acumulados, de los cuales se han recuperado mil 101 millones 54 mil 216 pesos en lo que va del año, lo que representa 27.99% del total mencionado. En el trabajo anual de la empresa Fisamex se dictaminaron a tres mil 70 empresas, organismos e incluso dependencias públicas, de las cuales dos mil 262 se encuentran en Tijuana.
Esta ciudad concentra más del 30% del ejercicio dictaminado a nivel estatal, por cantidad de empresas y adeudos concentrados, según los datos presentados por la secretaria Vicenta Espinosa Martínez.
“Vamos a cerrar con broche de oro, vamos a cobrarle a quienes no han pagado, aquí no hay vacas sagradas”, dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdez, sobre el tema.
Bonilla mandó mensaje al siguiente gobierno estatal a seguir con los cobros a las empresas morosas, para beneficio de los programas sociales y estructurales del estado.
SANCIONAN A FUNCIONARIOS
El gobierno de Baja California confirmó que al cierre del 2020 se oficializó la sanción económica y/o inhabilitación de 13 servidores públicos, por distintos hechos, en donde se investigó malas prácticas en sus funciones.
La Secretaría de Honestidad y la Función Pública señaló que dos de las resoluciones presentadas este miércoles se obtuvieron desde noviembre de 2019.
En todos los casos se procedió a la inhabilitación de los trabajadores, y solo en un caso, del 2019, se logró la restitución por parte del funcionario, mismo al que se le aplicó una sanción económica.
De los 13 funcionarios señalados, a seis personas se les aplicaron sanciones económicas por parte de la SHFP, mientras que el resto solo fue inhabilitado de sus funciones públicas.
Los hoy sancionados laboraban en áreas de dependencia como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto del Deporte, DIF Estatal, Secretaría de Planeación y Finanzas, Cereso Ensenada, Recaudación de Rentas del Estado, Oficina del Ejecutivo, Oficialía Mayor y Secretaría de Turismo.
