/ sábado 23 de febrero de 2019

Ilegal, el remate de más de 10 mil casas

Convocan a las familias despojadas de sus viviendas a iniciar un juicio para que les devuelvan los inmuebles

Crisstian Villicaña

Tijuana.- A través de juicios colectivos que no que no se realizaron en apego a la ley, se vendieron 10 mil 740 casas adjudicadas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las cuales fueron rematadas a menor costo luego de que se les retirarán a las familias por tener adeudos.

Ante este escenario, el diputado federal Alejandro Carvajal, junto con algunas asociaciones civiles, hicieron un llamado a todas aquellas familias que fueron despojadas de manera irregular de sus hogares para iniciar un juicio para buscar que se les regresen.

"El problema es que no se les aviso a las personas mediante una notificación personal; es decir, remataron de manera exprés sin seguir las formalidades que marca la constitución, que es una notificación previa personal, un juicio en el cual te den la oportunidad de defenderte; y también, el precio de subasta o venta fue mucho menos de lo real", señaló.

De este universo de casos, detectaron que cinco mil 204 juicios fueron llevados a cabo en el Juzgado Quinto Civil, por lo cual se investigará a jueces y magistrados que puedan resultar culpables de haber vendido las propiedades bajo términos que no marca la ley.

Este fraude ya es del conocimiento del Infonavit, y en él están inmiscuidas empresas constructoras. "Aun cuando ya hay investigación, cuando ya se empieza a dar el nombre de jueces en otros estados de la república, empresas aquí en Baja California, como Provive, siguen trabajando ilegalmente", apuntó Rocío Hernández, integrante de la Red de Usuarios de Servicios Financieros AC (USFIN).

Sobre la esperanza que tienen las familias afectadas de recuperar su patrimonio, Hernández subrayó que ya han existido casos en los que se promueven amparos, y las sentencias de venta dictadas por jueces han sido canceladas, así como la suspensión de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por lo cual buscan que las familias se acerquen a denunciar esta situación que se presentó a nivel nacional dejando a miles de familias sin hogar.


Crisstian Villicaña

Tijuana.- A través de juicios colectivos que no que no se realizaron en apego a la ley, se vendieron 10 mil 740 casas adjudicadas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las cuales fueron rematadas a menor costo luego de que se les retirarán a las familias por tener adeudos.

Ante este escenario, el diputado federal Alejandro Carvajal, junto con algunas asociaciones civiles, hicieron un llamado a todas aquellas familias que fueron despojadas de manera irregular de sus hogares para iniciar un juicio para buscar que se les regresen.

"El problema es que no se les aviso a las personas mediante una notificación personal; es decir, remataron de manera exprés sin seguir las formalidades que marca la constitución, que es una notificación previa personal, un juicio en el cual te den la oportunidad de defenderte; y también, el precio de subasta o venta fue mucho menos de lo real", señaló.

De este universo de casos, detectaron que cinco mil 204 juicios fueron llevados a cabo en el Juzgado Quinto Civil, por lo cual se investigará a jueces y magistrados que puedan resultar culpables de haber vendido las propiedades bajo términos que no marca la ley.

Este fraude ya es del conocimiento del Infonavit, y en él están inmiscuidas empresas constructoras. "Aun cuando ya hay investigación, cuando ya se empieza a dar el nombre de jueces en otros estados de la república, empresas aquí en Baja California, como Provive, siguen trabajando ilegalmente", apuntó Rocío Hernández, integrante de la Red de Usuarios de Servicios Financieros AC (USFIN).

Sobre la esperanza que tienen las familias afectadas de recuperar su patrimonio, Hernández subrayó que ya han existido casos en los que se promueven amparos, y las sentencias de venta dictadas por jueces han sido canceladas, así como la suspensión de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por lo cual buscan que las familias se acerquen a denunciar esta situación que se presentó a nivel nacional dejando a miles de familias sin hogar.


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