Daniel Ángel Rubio
Tijuana.- Cuando tenía 13 años de edad, Silvia Ramírez abandonó su comunidad mixteca en Oaxaca para venir a Tijuana en busca de empleo; dos años después, tuvo a la primera de sus tres hijas.
“A lo mejor fue una suerte, no sé cómo llamarlo. En ese tiempo, una chamaca de 15 años tuvo suerte de encontrarse a una doctora en el Hospital General que la atendió de maravilla; fui privilegiada”, platica.
Sin embargo, ocho años después, durante su segundo embarazo conoció el maltrato que sufren muchas otras mujeres que han dado a luz en ese nosocomio.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las quejas por violencia obstétrica han crecido porque abrieron siete expedientes en todo 2018; en estos casi cinco meses del 2019, ya alcanzaron esa cifra.
El Sol de Tijuana pidió una entrevista al Hospital General de Tijuana para conocer su postura sobre el tema, pero la oficina de Comunicación Social respondió que no había voceros disponibles.
“(Con) la población femenina, lamentablemente, hemos normalizado esa forma de violencia porque, a lo largo de la historia, escuchamos a nuestras madres, tías y abuelas hablar de ponerse en las manos de un médico y que es quien tiene la razón”, dice la presidenta de la CEDH, Melva Olvera Rodríguez.
En cuatro de las quejas del 2018 y cuatro más de este año de mujeres que fueron atendidas en el Hospital General de Tijuana hubo omisiones, negligencia, violaciones al trato digno, separación injustificada de sus hijos, y otras más.
Frases como “Si no aguantas el dolor, regrésate a tu pueblo” o “¿Por qué no gritabas así cuando abriste las piernas?” se repiten entre experiencias de mujeres indígenas que se convirtieron en madres en el hospital.
Esa violencia fue detectada por la Casa de la mujer Indígena mediante una encuesta aplicada entre 2015 y 2016, cuenta Anahí Pérez, la coordinadora del área de salud sexual y reproductiva.
Además de los insultos, no tenían intérpretes para orientar a las mujeres que no hablan español que recién llegan a la frontera.
La presidenta de la CEDH dice que en 2016 emitieron una recomendación debido a que la falta de un intérprete ocasionó que el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) le retirara a su recién nacida a una joven pareja indígena.
Nadie le explicó a los padres las reglas para la visita en su lengua, por lo que estuvieron separados de su hija; sobre esto, el hospital notificó al Ministerio Público por omisión de cuidados.
“A ella la acusan de consumir estupefacientes, así es como dan vista la procuraduría, que por eso había sido omisa a los cuidados”, destacó Melba Olvera.
Otra práctica revelada por la encuesta de la Casa de la mujer indígena fue la colocación de Dispositivos Intrauterinos (DIU) sin autorización de las pacientes, algo completamente violatorio de sus derechos humanos.
A veces, los médicos solo les avisaban, y otras ni siquiera preguntaron si querían el método anticonceptivo, así que ellas lo descubrieron cuando sintieron dolor o se alteró su periodo menstrual.
“Cuando van a revisarse, ¡oh sorpresa! traen un DIU que no sabían (…) Es difícil hablar sobre tu cuerpo con un doctor, y ellas muchas veces ya no reclamaban como el doctor les dijo que está bien y ya lo tienen”, comenta Anahí.
Silvia Ramírez, quien está al frente de la Casa de la Mujer Indígena fundada por oaxaqueñas para informar de sus derechos a las comunidades originarias que llegan a Tijuana, dice que corresponde a cada mujer determinar cuántos hijos quiere.
“Quieren decidir ellas mismas sobre su cuerpo”, menciona luego de más de un año de capacitación recibida, a pesar del machismo en su comunidad y en su familia que le ayudó a descubrir que fue violentada y la empujó a buscar soluciones.
“Lo saco desde adentro, desde mi experiencia que he vivido, porque no quiero que las generaciones que vengan sufran lo que nosotros sufrimos”, platica.
Pero esto no es tan sencillo, porque los retos son muy grandes para las siete mujeres que mantienen la lucha de informar sobre derechos laborales de las empleadas domésticas, derechos sexuales y reproductivos, además de prevención de la violencia.
Más ahora, cuando los ajustes presupuestales del gobierno federal tienen a las Casas de la Mujer Indígena del país en la incertidumbre sobre su presupuesto para seguir con sus actividades este año.
Anahí Pérez compartió que están trabajando con niñas y adolescentes de su comunidad en la prevención del embarazo, pero esperan retomar el tema de violencia obstétrica porque han encontrado que no son las únicas que la sufren.
“Es con todas las mujeres. Es un caso de que ya no nos están tratando a las mujeres como debería ser en los centros de salud, y creo que es alarmante. Pensábamos que era mera discriminación, pero no”, afirma la representante.
Todo lo que piden, coinciden Anahí Pérez y Silvia Ramírez, es ser atendidas como seres humanos.
