Jorge Alejandro Palau Hernández, fue designado sólo como encargado de despacho de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, y aún no ha sido ratificado como titular, indicó la delegación del gobierno federal en el estado.
El nombramiento de un funcionario que encabece esta oficina podría darse por la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, una vez que Claudia Sheinbaum Pardo tome protesta como presidenta, añadió el departamento de comunicación social de la delegación federal.
Este nombramiento se da después de que David Pérez Tejada, notificara su renuncia como delegado del INM en el estado el pasado 13 de septiembre, después de un año 3 meses en el cargo.
Tras esta decisión, medios de comunicación dieron a conocer la designación de Palau Hernández, quien antes de llegar a Baja California, estaba encargado de la oficina en la Ciudad de México.
Ante el nombramiento, la Coalición Pro Defensa del Migrante y el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM, expresaron en un comunicado sus preocupación por la posible designación de Palau Hernández.
Lo anterior por los antecedentes en donde se le vincula en actos de agresión contra personas migrantes, además de estar señalado como un personaje con una visión policiaca y debido a que el nombramiento podría darse sin transparencia y notificación oficial.
Palau Hernández, se desempeñaba como el director de la Estación Migratoria Siglo 21, en Tapachula, Chiapas, cuando se le acusó de participar en un operativo en donde elementos del INM, Guardia Nacional, y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), agredieron a un grupo de aproximadamente 200 personas que transitaban por ese estado.
Derivado de esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 102/2021 al INM, por violaciones a los derechos a la integridad y seguridad personal y al principio del interés superior de la niñez, en agravio a personas en contexto de movilidad.
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“La posible asignación de un funcionario con tales antecedentes, es motivo de alarma para las organizaciones defensoras de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas de diversas nacionalidades, especialmente en un Estado como Baja California, que ha sido uno de los bastiones más importantes en su defensa”, se lee en la circular de las asociaciones civiles.
