/ viernes 15 de marzo de 2019

Juez obliga a Tijuana a pagar deuda

Un juez federal amenazó a integrantes del cabildo y a funcionarios municipales con multas si no se acata con el convenio judicial

Tijuana.- Por mayoría de votos del cabildo de la ciudad, se aprobó la desincorporación de terrenos que son propiedad del municipio con fines de venta; esto, para poder pagar con ello una deuda de casi 220 millones de pesos que se originó luego de un largo litigio, el cual fue descuidado en tribunales por las pasadas administraciones.

El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, explicó que se tuvo que tomar esta decisión debido a que el ayuntamiento no cuenta con los recursos para pagar dicho monto y porque existe la orden tajante de un juez federal para pagar, ya que, de lo contrario, amenazó con sancionar a los miembros del cabildo y a funcionarios municipales.

La orden el juez federal se notificó desde el pasado 23 de noviembre; desde entonces, el juez federal ha estado presionando para que se cumpla el laudo, apuntó el alcalde.

La resolución obedece a la desatención jurídica de administraciones pasadas. El argumento de la demanda se sustenta en una promesa de venta realizada en el año 1995, cuando el hoy demandante entregó un predio de 118 mil metros cuadrados, y a cambio se le debía pagar un millón de pesos, pero dicho pago nunca se cumplió.

Fue en el año 2009, 12 años después, cuando la empresa propietaria del terreno ubicado en el bulevar Rosas Magallón, donde se construyó la comandancia regional Margarito Saldaña Rivera y la unidad deportiva José Santos Meza, demandó al entonces Ayuntamiento de Tijuana por incumplimiento de dicha promesa; y ahora, de acuerdo a la sentencia de una instancia federal, el gobierno municipal está obligado a pagar 228 millones de pesos.

La Consejería Jurídica del actual ayuntamiento agotó todos los recursos jurídicos legales como medio de defensa, tales como incidente de nulidad, amparo, recursos de revisión, entre otros.

El regidor Arnulfo Guerrero declaró que se trata de una resolución injusta para Tijuana, pero que debe cumplirse, porque así lo ordena un juez federal, que incluso amenazó con ejecutar sanciones a los miembros del cabildo si no se cumple con el fallo.

Sobre este caso, desde diciembre pasado, la síndico procuradora Marcela Guzmán y el consejero jurídico del ayuntamiento, Leonardo Martínez, presentaron una denuncia penal por daño patrimonial al ayuntamiento contra quien resulte responsable por los delitos de fraude, fraude procesal y delitos contra la administración de la justicia ante la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Asimismo, se asentó en la denuncia que exservidores públicos actuaron negligentemente al omitir invocar excepciones legales al contestar la demanda.

El caso se origina porque el gobierno del estado, en 1995, celebró un contrato de promesa de compraventa con un particular (Roma Food Enterprise de México); se condicionó a que el congreso del estado lo autorizara, lo que es una situación que no aconteció, dado que en 2010 el congreso del estado decidió donar el inmueble al ayuntamiento, el cual heredó el problema de pago, pero fue descuidado por anteriores admiraciones.

El alcalde Juan Manuel Gastélum externó que es necesario dar cumplimiento a la resolución del juez federal para, posteriormente, poder presentar un recurso de juicio de nulidad, ya que el actual ayuntamiento no está de acuerdo con realizar dicho pago.

Por último, manifestó que se está causando un gran daño a Tijuana, pues, con esos 220 millones de pesos, se podrían hacer muchas acciones a beneficio de los tijuanenses.

Tijuana.- Por mayoría de votos del cabildo de la ciudad, se aprobó la desincorporación de terrenos que son propiedad del municipio con fines de venta; esto, para poder pagar con ello una deuda de casi 220 millones de pesos que se originó luego de un largo litigio, el cual fue descuidado en tribunales por las pasadas administraciones.

El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, explicó que se tuvo que tomar esta decisión debido a que el ayuntamiento no cuenta con los recursos para pagar dicho monto y porque existe la orden tajante de un juez federal para pagar, ya que, de lo contrario, amenazó con sancionar a los miembros del cabildo y a funcionarios municipales.

La orden el juez federal se notificó desde el pasado 23 de noviembre; desde entonces, el juez federal ha estado presionando para que se cumpla el laudo, apuntó el alcalde.

La resolución obedece a la desatención jurídica de administraciones pasadas. El argumento de la demanda se sustenta en una promesa de venta realizada en el año 1995, cuando el hoy demandante entregó un predio de 118 mil metros cuadrados, y a cambio se le debía pagar un millón de pesos, pero dicho pago nunca se cumplió.

Fue en el año 2009, 12 años después, cuando la empresa propietaria del terreno ubicado en el bulevar Rosas Magallón, donde se construyó la comandancia regional Margarito Saldaña Rivera y la unidad deportiva José Santos Meza, demandó al entonces Ayuntamiento de Tijuana por incumplimiento de dicha promesa; y ahora, de acuerdo a la sentencia de una instancia federal, el gobierno municipal está obligado a pagar 228 millones de pesos.

La Consejería Jurídica del actual ayuntamiento agotó todos los recursos jurídicos legales como medio de defensa, tales como incidente de nulidad, amparo, recursos de revisión, entre otros.

El regidor Arnulfo Guerrero declaró que se trata de una resolución injusta para Tijuana, pero que debe cumplirse, porque así lo ordena un juez federal, que incluso amenazó con ejecutar sanciones a los miembros del cabildo si no se cumple con el fallo.

Sobre este caso, desde diciembre pasado, la síndico procuradora Marcela Guzmán y el consejero jurídico del ayuntamiento, Leonardo Martínez, presentaron una denuncia penal por daño patrimonial al ayuntamiento contra quien resulte responsable por los delitos de fraude, fraude procesal y delitos contra la administración de la justicia ante la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Asimismo, se asentó en la denuncia que exservidores públicos actuaron negligentemente al omitir invocar excepciones legales al contestar la demanda.

El caso se origina porque el gobierno del estado, en 1995, celebró un contrato de promesa de compraventa con un particular (Roma Food Enterprise de México); se condicionó a que el congreso del estado lo autorizara, lo que es una situación que no aconteció, dado que en 2010 el congreso del estado decidió donar el inmueble al ayuntamiento, el cual heredó el problema de pago, pero fue descuidado por anteriores admiraciones.

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