Tijuana.- La remodelación de las instalaciones de la Fiscalía General Estatal (FGE), en Zona Río Tijuana, llevan más de tres años de retraso y tres administraciones estatales han contratado a tres empresas para concluir la obra, sin embargo el edificio sigue sin operar.
Anunciada por el ex gobernador Francisco “Kiko” Vega como una Asociación Público Privada (APP), la construcción debía tener contar para 2018 con un estacionamiento y oficinas para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Pero los avances de la obra sufrieron vandalismo y el gobierno de Kiko Vega tuvo que lanzar una convocatoria pública para remediar los daños, en agosto del 2019.
En ese entonces, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), contrató al arquitecto Juan José González Ramírez para concluir los trabajos por un monto de 28 millones de pesos, según información pública en el Portal Nacional de Transparencia (PNT).
Sin embargo, nunca recibió el anticipó de siete millones como estaba estipulado en el contrato no C-PRON/CRÉDITO-19-TIJ-20, por lo tanto, no se llevó a cabo la obra.
El gobierno de Jaime Bonilla retomó la obra y trató de convencer al arquitecto González Ramírez de concluir, pero este ya no pudo hacerlo “derivado de causas de fuerza mayor”, y acordaron que recibiría el pago por los gastos no recuperables sin especificar el monto, según el contrato de cancelación.
La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), lanzó una nueva licitación pública para concluir la obra en julio del 2021.
La ganadora fue la empresa ensenadense Ingeniería Integral Corporativa S.A de C.V., por un monto de 23 millones de pesos, y tenía como fecha límite para terminar este viernes 4 de febrero, según el contrato publicado en la PNT, pero este fin de semana los trabajos continuaban.
Así se cumplen casi seis años que el gobierno de “Kiko” Vega contrató al consorcio Relogar S.A.P.I. de C.V., creado por la empresa Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente SA de CV, quien propuso el proyecto no solicitado a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
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EL ORIGEN
En noviembre del 2016 se presentó el proyecto que iniciaría en enero del 2017 con un costo de 154.3 millones de pesos que serían cubiertos por la empresa.
El acuerdo fue que también se haría cargo del mantenimiento durante 25 años a cambio de cobrar un millón 852 mil pesos por mes.
Es decir, el gobierno de Baja California pagaría en total 555 millones por la obra y el mantenimiento en todo ese tiempo.
Hoy no se tiene claro si hubo una modificación en el contrató con la empresa Relogar ni las causas por las no concluyó la obra de acuerdo con el contrato original.
En un recorrido por el lugar se constató un gran avance en comparación con meses anteriores, y en fines de semana por la tarde se vio a trabajadores de la construcción laborando a marchas forzadas.
No se encontró la empresa responsable ni número de permiso visible, solo una lona con el nombre de Dynfra, en la que se especifican los requerimientos de seguridad al ingresar.
En su sitio web, esa compañía presume la “Edificación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California” como una APP del año 2017, y dice que participó en el diseño, construcción, operación, conservación y mantenimiento.
Según MarcaNet IMPI, Carlos Federico Velenzuela Cadena es el apoderado de Dynfra, quien a su vez es socio de Fuerza de apoyo Constructiva de Occidente SA de CV, por consecuencia también de Relogar S.A.P.I. de C.V., la empresa contratada desde el inicio.
Tanto Relogar y Dynfra comparten el mismo domicilio fiscal en Tijuana: el edificio Gallego, bulevar Aguacaliente, No 10535 L 2A, colonia Chapultepec, C.P. 22020. En una visita a las oficinas, el guardia de seguridad nos informó que no podíamos ser atendidos sin previa cita.
Para este reportaje se solicitó a la SIDURT, a través del departamento Comunicación Social del gobierno del estado, conocer la situación actual del contrato bajo el esquema de APP para el edificio de la Fiscalía.
Después de tres semanas, la respuesta fue que la información es responsabilidad de la FGE, aunque en la página de la SIDURT se encuentra la liga con los acuerdos en el esquema de APP, y de que los detalles fueron convenidos por esta secretaría.
El contrato fue catalogado como información reservada por parte la dirección de administración de la extinta PGJE durante la administración de “Kiko” Vega, y es el único contrato APP que no puede ser consultado de manera pública.
En su comparecencia ante el Congreso del estado para explicar el ejercicio del presupuesto 2022, el entonces encargado del despacho como titular de la FGE, Hiram Sánchez, expuso que no renovarían el contrato de arrendamiento con el World Trade Center, trasladándose varias unidades a las nuevas oficinas a partir de febrero.
