Tijuana.- La municipalización de los organismos operadores del agua en Baja California se ha vuelto una discusión meramente política, mientras el más reciente intento por llevarla a cabo sigue esperando respuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Porque el compromiso de campaña del ex gobernador Jaime Bonilla terminó en dos controversias constitucionales presentadas por 10 diputados y tres municipios que cuestionaron el desaseo del proceso de aprobación.
Pero el traspaso de las comisiones del estado a los municipios no es cuestionada.
Activistas e investigadores dicen que una exitosa municipalización debe realizarse de forma ordenada e involucrando a la ciudadanía.
Alfonso Cortez Lara, investigador del departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte (Colef), dice que ayudaría a mejorar la gestión del agua.
Pero ese paso debe darse de forma escalonada entre ciudades y sustentado con estudios que garanticen su viabilidad, añadió.
“Necesitamos incorporar a los grupos de la sociedad civil y que se dejen de tomar las decisiones desde el gobierno”, destacó Cortez Lara.
LA REFORMA
Durante su campaña, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que no habría municipalización, así que el tema hoy no está en su agenda.
“En estos momentos las comisiones se conservan en el estado”, respondió Catalino Zavala Marquez, secretario general de Gobierno en Baja California.
Dijo que el gobierno estatal, a través de las secretarías de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), y la del Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), se coordinan con los ayuntamientos en todo lo relacionado con infraestructura y el programa hídrico.
Pero eso podría ponerse a revisión otra vez ante la inacabada reforma que promovió el ex gobernador Bonilla Valdez y que avanzó rápidamente en el Congreso.
El ex mandatario la hizo llegar al Poder Legislativo el 23 de julio del 2021 y el día 26 fue aprobada por la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos.
Dos días más tarde, el 28 de julio, recibió en el pleno 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención, estableciendo que los ayuntamientos contaban con 60 días naturales para crear los organismos municipales.
Pero esto nunca sucedió porque antes llegó la primera de las controversias constitucionales ante la SCJN.
En agosto del 2021 las sindicaturas de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, demandaron al Congreso local por posibles omisiones al proceso legislativo al reformar la Ley que Reglamenta los Servicios de Agua Potable y la Ley de la Administración Pública del estado.
También acusaron que no fueron notificados sobre la transición, como indica la norma, al menos cinco días antes.
El 18 de agosto la SCJN concedió la suspensión solicitada por los síndicos y ordenó que “se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del Decreto impugnado”, se lee en las notificaciones 97/2021, 98/2021 y 99/2021.
Días antes de que se diera esta resolución, el Cabildo de Rosarito aprobó desestimar la demanda de controversia constitucional.
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Comunicación Social de ese Ayuntamiento informó que su actual Oficial Mayor, David Cruz Ponce, no le ha dado seguimiento al tema
Mientras que la alcaldesa, Araceli Brown, está en espera de la resolución de la SCJN.
La segunda controversia salió del mismo Congreso bajacaliforniano, argumentando falta de transparencia en las reformas, la nula justificación de la urgencia para aprobar el dictamen, violaciones a la autonomía de los municipios, entre otras.
La SCJN concedió el 30 de agosto la suspensión solicitada por los legisladores, pero ahora para todo el estado.
Con eso resolvió que “el gobierno estatal continuaría prestando los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales a la ciudadanía, en tanto se resuelve el fondo del asunto”, se lee en la notificación del expediente 119/2021.
Carlos Atilano Peña, ex presidente del Colegio de Abogados de Tijuana y ex candidato a gobernador por el Partido de Baja California (PBC), estimó que la SCJN podría tardar otros seis meses para dar una respuesta definitiva.
“Estamos pensando que muy posiblemente la Suprema Corte resuelva a favor de la municipalización para dar cumplimiento al espíritu del artículo 115”, comentó el también coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI).
La fracción III de ese artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que “los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.
Pero Baja California es uno de los pocos estados que están a cargo de la operación de los organismos operadores del líquido.
“La Corte resuelve en base a una cantidad muy grande de controversias, de amparos, de juicios que les llegan”, por lo que es normal que el proceso sea tardío, dijo Atilano Peña.
El abogado también explicó que existen dos posibles fallos de la SCJN.
El primero es que ordene el cumplimiento de la Constitución y valide así las reformas que respaldaron los Cabildos de Ensenada y Tijuana.
“Pero si dicen que hubo fallas en la Legislatura que aprobó la municipalización del agua en virtud de que no se respetó el proceso legislativo, pueden darle marcha atrás”, agregó
En este caso, sería decisión del Congreso realizar un nuevo estudio de viabilidad, otra propuesta para dictaminar e incluir a los ayuntamientos, y realizar todo el proceso dentro del marco normativo correspondiente.
“Sería interesante ver si el nuevo Congreso actualmente proveerá la municipalización o por el contrario sostendrá que sea una facultad del estado”, mencionó el ex candidato a gobernador.
Y en caso de una nueva reforma, continuó, la mandataria estatal podría enviar una contrarreforma al Congreso para detener o cambiar el trámite.
LA VIABILIDAD
El investigador del Colef y experto en temas hidráulicos, Alfonso Cortez Lara, considera que no todos los municipios están listos para administrar el servicio de agua, y por eso debe ser un cambio escalonado.
“Ensenada no estaba listo y lo trataron de municipalizar. De hecho sugerí que fuera al final, cuando se hizo el proceso, y fue el primero”, comentó sobre el inmediato respaldo en el Cabildo de Armando Ayala, quien convocó dos veces a sesión porque la primera no logró los votos.
Cortez Lara cree que quienes están listos para hacerse cargo de las hoy paraestatales son Mexicali y Tecate. Posteriormente, se podría comenzar con la zona costa, principalmente por sus dificultades topográficas.
Pero antes de cualquier adecuación a las Leyes que regulan el agua, se deben realizar diversos estudios.
Estos deben considerar, entre otras cosas, las fuentes de abastecimiento disponible, la población a la que hay que servir, la infraestructura existente, la capacidad para conseguir recursos financieros, las habilidades gerenciales y la experiencia técnica de quienes estarán a cargo de los organismos.
“Son cuestiones técnicas, entonces no se tienen que guiar por cuestiones políticas”, enfatizó el investigador.
Carlos Atilano opinó que se deben respetar las etapas del proceso legislativo y como Alfonso Cortez, resaltó la necesidad de involucrar a la sociedad en la toma de decisiones.
“Y no que se legisle como se hacía antes a voluntad del gobernador, fast track”, comentó.
Los activistas y el investigador también concuerdan en que el suministro y la administración de la red hidráulica deben gestionarse a nivel local.
“Eventualmente tiene que pasar al municipio”, opinó Octavio López, director de la asociación Nación Verde.
Aunque no es tan fácil porque las ciudades de la zona costa no cuentan con abastecimiento natural de agua, y esto las pone ante la amenaza del desabasto.
Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín dependen mayormente del Río Colorado que nace en Estados Unidos pero lleva el agua a Mexicali, donde el Valle se queda 80% del total.
El resto hay que traerla desde la capital bombeando el acueducto que atraviesa La Rumorosa.
Este es uno de los motivos que ha detenido la municipalización, explicó el activista.
“Cuesta mucho dinero y para el municipio puede representar una carga muy fuerte”, mencionó Octavio López.
Considera que para realizar una transición correcta debe ser razonada, con infraestructura de saneamiento funcional, y se le debe asignar un “buen presupuesto” a los organismos.
“Es muy importante que no nos vayan a dejar colgados de la brocha. (...) La CESPT luego no tiene los recursos necesarios, tal vez tiene los recursos necesarios para operar, pero no para actualizar y mejorar lo que ya tienen, es una bomba de tiempo si se lo das”, explicó López.
Esto en el caso de Tijuana porque las condiciones financieras de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), ya son conocidas.
Su actual deuda supera los mil 254 millones de pesos distribuida en cuatro entes financieros.
Este año su presupuesto de egresos es de cuatro mil 661 millones 548 mil 148 pesos, de los cuales, 210 millones 824 mil 388 pesos serán destinados a pagar la deuda pública del organismo.
Ese monto equivale a 46 millones 470 mil 384 pesos más que lo otorgado por la misma CESPT al renglón de inversión pública.
EL PLAN ESTATAL
El secretario general de gobierno, Catalino Zavala, mencionó que la Seproa está encargada de manejar el programa hídrico, aunque a la fecha no ha sido anunciado públicamente por la gobernadora.
Queda esperar la resolución de la SCJN para conocer si será decisión del Congreso continuar o no con la municipalización de los organismos operadores del agua, y ese debate debe involucrar a expertos.
“Este tema de la gobernanza del agua tiene que ser discutida por todos los sectores sociales y políticos del estado para buscar la mejor solución que es brindar el servicio en los mejores términos”, mencionó Carlos Atilano.
Agregó que es importante que los bajacalifornianos tengan certeza por la crisis hídrica y el desafiante desabasto de agua que podría enfrentar el estado.
El investigador Cortez Lara, quién también fue uno de los encargados del estudio que resolvió la inviabilidad de la Cervecera Constellation Brands en Mexicali, insistió en la necesidad de incorporar a la sociedad civil.
Incluso anotó que los organismos deben participar con más fuerza para romper el ciclo en el que se empantanó esta discusión vital para el estado.
“Pueden empezar a influir en la toma de decisiones y desde luego a despolitizar el asunto”, opinó el experto hidráulico.
