Tijuana.- Posterior a cumplir una condena en prisión, las personas que ya fueron liberadas enfrentan el desempleo, y en su búsqueda de reinserción a la sociedad algunas se encuentran con dificultades para obtener un trabajo formal.
Existen programas en los Centros Penitenciarios para reincorporar a las personas que recuperan su libertad y en prisión recibieron capacitación para desempeñar diferentes trabajos, pero no resuelven las dificultades del todo.
Genaro de la Torre Quintanar, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana y empresario local, mencionó que hay empresas dispuestas a contratar personas que cumplieron condena en prisión.
“Creo que tienen derecho a una segunda oportunidad. Claro, hay que estar seguros que estas personas han pasado por los procesos necesarios para que puedan instalarse en la sociedad”, expresó.
Actualmente, él mismo emplea a un hombre que salió de prisión, pero se trata de un caso muy particular.
“Una persona que tenía tres a cuatro años trabajando con nosotros tuvo un problema en su familia y fue acusado de violación, lo condenaron y pasó tiempo en prisión a pesar de ser inocente”, detalló.
Cuando esta persona salió de prisión, buscó empleo en el mismo lugar, y conociendo su manera de trabajar y antecedentes, accedieron a otorgar el mismo empleo, afirmó De La Torre.
“Sin embargo, últimamente no hemos tenido la oportunidad de contratar a alguien porque no se nos ha presentado”, agregó.
El empleado prefirió no hablar en entrevista debido a que su periodo en prisión fue difícil y era complicado revivir esos momentos, dijo Genaro de La Torre.
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LAS OPCIONES EN PRISIÓN
Las personas privadas de su libertad tienen la posibilidad de trabajar en maquiladoras que se encuentran dentro de prisión, además pueden asistir a talleres donde aprenden costura y manejo de maquinaria.
Giselle Castro Araiza, directora de Reinserción Social Servicios Postpenales en la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, detalló que procuran que las personas que tomaron esos talleres reciban guía para trabajar en esas áreas laborales después de cumplir su condena.
“Por lo general nos enfocamos primeramente en aquellos que han tenido capacitación dentro de algún centro de reinserción; puede ser costura o puede ser algún tipo de taller de maquinaria que recibieron. En eso nos abocamos para poder guiarlos y buscar una mejor opción para ellos”, agregó.
Las personas que se encuentran realizando trabajos de maquiladora reciben un pago que puede ser enviado a sus familiares o utilizarlo para alimentación, explicó De la Torre.
“Cuando se considera que han pasado a un nivel donde pueden ser parte de la sociedad nuevamente, los ponen a trabajar en áreas maquiladoras ahí adentro. Hay un programa en donde van acumulando dinero que no lo gastan, les dan cierta parte para que lo gasten en alimentos, y otra parte se va guardando para su familia y para ellos mismos cuando salgan”, apuntó.
No obstante, advierte que el programa todavía tiene cosas que mejorar, porque al pisar la calle de nuevo las personas privadas de su libertad se encuentran ante una realidad poco favorecedora.
“El problema es que cuando salen abren la puerta, la cierran y se quedan sin dinero ni nada, porque les dan el dinero en un cheque. Los sacan a media noche en El Hongo, ¿cómo le pueden hacer para volver a la ciudad que ellos buscan? Es un tema que debemos tratar con el gobierno, porque los pone en una situación difícil”, comentó De la Torre.
“Alrededor suceden cosas, por ahí pasan polleros y gente que son parte de la delincuencia y pudieran engancharse de nuevo a ese tipo de actividades”, añadió.
TENER ANTECEDENTES PENALES
Giselle Castro Araiza mencionó que las personas que ya han sido liberadas se encuentran con un ‘tope’ que impide que consigan un trabajo digno.
“Claro que es difícil reintegrarse a la sociedad, contar con los antecedentes penales es todavía un tope con el que tenemos que lidiar día a día”, dijo.
A pesar de contar con apoyos para las personas liberadas, Castro Araiza indicó que son pocas las personas privadas de la libertad que solicitan este apoyo.
“Hablando de un porcentaje es bajo, no tengo el número exacto. Estamos luchando en esa pauta para poder contar con más apoyo en cuanto empresas o instituciones que puedan recibir a nuestros liberados (...) Más que discriminacion, recordemos que es por los antecedentes penales”, expresó.
Es importante destacar también, indicó Castro Araiza, que muchas de las personas que en este momento se encuentran en prisión provienen de otros estados del país, y en la mayoría de las ocasiones regresan a su lugar de origen. Dijo que no es obligatorio que las personas liberadas trabajen en algo relacionado con las capacitaciones que recibieron en prisión, pero en el sistema de reinserción procuran que así sea.
“Generalmente trato que el equipo y el sistema penitenciario ofrezcamos lo más apto para ellos en cuanto a este oficio que han tenido dentro”, afirmó.
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La directora de reinserción, mencionó también que las personas que ya fueron liberadas cuentan con el apoyo de algunas instituciones educativas para que puedan terminar sus estudios.
“Tenemos liberados que con el apoyo de diferentes instituciones educativas logran culminar sus estudios y aunque no tengan experiencia cuentan con algún título”, agregó.
Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), ha orientado a personas hasta su liberación para apoyarlas en su esfuerzo por reintegrarse a la comunidad, indicó Miguel Angel Mora Marrufo, presidente del organismo.
“Podemos acompañarle, asesorar jurídicamente, orientarle si hay alguna omisión o actuación de la autoridad. Justamente estamos haciendo enlaces con fundaciones como Rebeca Lan. Trabajamos en conjunto desde que están privados de su libertad para revisar las condiciones”, detalló.
En palabras de Mora Marrufo, es necesario que sean empleadas diversas estrategias para mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario, y con esto apoyar de mejor manera a los recién liberados.
La CEDHBC solamente tiene registro de dos quejas de personas liberadas a quienes les fue negada la oportunidad de trabajar por haber estado en prisión.
En ambos casos las personas estaban laborando pero sus contratos no fueron renovados cuando los empleadores conocieron que tenían antecedentes penales.
Uno de esos casos sucedió en esta ciudad durante este año, cuando al empleado de un centro recreativo en un fraccionamiento le fue solicitada su carta de no antecedentes penales.
El otro caso ocurrió en San Felipe en el año 2017, cuando una persona que trabajaba de manera temporal en una fábrica de refrescos inició su proceso para convertirse en empleado de base y tuvo que presentar el mismo documento.
El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, invitó a generar conciencia y sensibilidad con las personas que ya cumplieron con su condena en prisión, y reiteró que es necesario brindarles una segunda oportunidad.
“De algo tienen que comer estas personas y tienen familias que alimentar. Obviamente con sus debidas vigilancias y supervisiones se les puede volver a contratar”, consideró.
