La candidata de la alianza Va por Baja California, Lupita Jones, presentó una denuncia en contra del gobernador Jaime Bonilla y diferentes funcionarios por lavado de dinero, concusión y peculado.
Esto relacionado con cobros por el servicio de agua en el estado, donde tres diferentes empresas habrían triangulado millones de pesos, que presumiblemente fueron destinados a la campaña de Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata de Morena a la gubernatura.
“Ya basta que los gobernadores se sientan en una silla y sean amos y señores sin pensar en el beneficio de los ciudadanos”, comentó la candidata al presentar junto a su equipo jurídico la supuesta triangulación de recursos.
Las acusaciones inician con la contratación del gobierno de Baja California de la empresa Fisamex (Romafam S.A DE C.V), la cual se encarga de auditar el consumo de agua potable en el estado y calcular supuestos adeudos a cambio del 20% de lo recaudado.
Romafan S.A. DE C.V. recaudó para el estado más de mil millones de pesos, por lo que recibió 278 millones de pesos, mencionó Juan Marcos Gutiérrez, integrante del equipo jurídico de la candidata.
Posterior a ello, la empresa depositó 63.8 millones de pesos a Salhec, una empresa constructora creada apenas en mayo del 2020, y después transfirió 162.4 millones de pesos a Fiscales de Agua, la cual fue creada en septiembre del pasado año.
El propietario de dichas empresas es Manuel García Soto, quien en meses pasados acompañaba al gobernador Jaime Bonilla en sus reportes diarios, y se encargaba dar cuenta de los adeudos documentados por el consumo del agua.
“El gobierno actual se nombra anti-neoliberal, pero estas acciones son lo más neoliberal”, señaló el abogado por la contratación de Fisamex.
De acuerdo con la candidata, en sus recorridos ha recibido diversas quejas ciudadanas por los cobros y así les llegó la información sobre las supuestas irregularidades que ya fueron denunciadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Fiscalía General Estatal (FGE).
