Tijuana.- Más deuda en Baja California y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos son parte del legado de Jaime Bonilla Valdez a unos días de abandonar el cargo de gobernador del estado, coincidieron especialistas.
También deja un historial de múltiples confrontaciones con personajes públicos de México y Baja California a lo largo de su gestión, siempre desde la vía unidireccional de sus transmisiones diarias en Facebook.
Los expertos y representantes de la oposición hablan sobre el periodo 2019-2021, en el que el “Bonillismo” formó parte del acontecer diario de la entidad.
FINANZAS, AL LÍMITE
En sus propuestas de campaña, Jaime Bonilla Valdez prometía: “No más deuda en Baja California, se disminuirá la actual deuda, liberando recursos para ejercerlos en obras en beneficio de la población”. Nada más alejado de la realidad.
Entre agosto de 2019 a agosto de 2021, las cifras de la Secretaría de Hacienda estatal detallan que la deuda pública de Baja California creció de 17 mil 496 millones de pesos a 21 mil 160.
Es decir que aumentó tres mil 664 millones. Tan solo la deuda pública directa de la administración estatal, restando lo que corresponde a ayuntamientos y otros organismos estatales, subió de 10 mil 256 millones a 14 mil 468.
El último estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), que contempla el primer trimestre de 2021, detalla que 32% de los ingresos del estado están comprometidos con deuda.
Con esos compromisos financieros, cada bajacaliforniano tendría que aportar cinco mil 700 pesos para liquidar el pasivo estatal, aunque el CEFP califica los compromisos del estado como un “endeudamiento sostenible”.
En abril pasado, a seis meses de abandonar las oficinas del Poder Ejecutivo, el Congreso de Baja California autorizó al gobierno de Bonilla Valdez solicitar un crédito por tres mil millones de pesos que deberán ser pagados durante los próximos 20 años.
Marco Antonio Moreno Mejía, futuro secretario de Hacienda estatal en el gabinete entrante, recordó que la Ley de disciplina financiera obliga a usar esos recursos en inversión productiva.
“No permite que se utilicen esos recursos en gasto corriente. Esta administración hizo una serie de licitaciones para comprometer esos recursos, pero habrá alguna partida importante de esa partida que no se ejercieron, y que vamos a evaluar para destinarlos a inversión pública productiva”, afirmó.
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Con el millonario crédito solicitado por el gobernador en plena campaña electoral, durante los meses siguientes surgieron nuevas deudas, como los 166 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que provocó el corte de energía eléctrica al acueducto.
Y antes de eso, la solicitud de préstamos a los ayuntamientos que no todos los Cabildos concedieron, porque a algunos gobiernos como los de Tijuana Mexicali ya les debía más de mil 500 millones de pesos en participaciones federales que finalmente les entregó hace unos días.
“Vamos a revisar en toda su dimensión los compromisos financieros que tiene el estado. Y lógicamente los atenderemos en función de las prioridades que veamos y tengan que ser atendidas”, dijo al respecto el próximo secretario de Hacienda de Baja California.
El expresidente del Colegio de Economistas, José Luis Contreras Valenzuela, aseguró que la enseñanza de estos dos años es todo lo que no se debe hacer en finanzas públicas, pues las políticas del gobierno actual no abonaron al desarrollo para el estado en salud, seguridad o crecimiento económico.
“Se necesitaba mayor transparencia en el manejo. ¿Qué pasó con los cobros a los deudores del agua? En el gasto que se tuvo, tampoco hay claridad, lo que estamos viendo en esta administración fue más confrontación con los sectores productivos, polarización y hacer las cosas a capricho. El endeudamiento que tuvo el estado, es la gran contradicción en el discurso”, aseveró.
Contreras Valenzuela explicó que el endeudamiento es una alternativa que tienen los gobiernos para financiamiento sobre todo de obra pública, pero siempre con la prioridad de conservar la salud financiera, para lo cual se requiere de conocimientos en la materia.
“El endeudamiento fue la falta de capacidad en la recaudación, que no tuvimos. El SAT solo se encargó de crear más impuestos y querer apropiarse de impuestos como el de nómina, que va al sector educación y en el cual hubo opacidad en el manejo”, planteó.
Como oposición, la coordinadora en el Congreso local de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandrina Corral Quintero, cuestionó el que diversas dependencias estatales no hayan contado con el presupuesto suficiente para operar.
“¿Cómo va a dejar el gobierno? Por ejemplo, tuvimos la glosa y ahí quedó en claro por parte de la secretaria del Bienestar (Alma Arellano), en la que indicaba que tenía un presupuesto asignado por el Poder Legislativo y que a la fecha no había cumplido la Secretaría de Hacienda”, destacó.
La diputada local aseguró que esa observación fue una constante en las diversas secretarías del estado, por eso cuestionaron al secretario de Hacienda Adalberto González Higuera cuando llegó su turno en la glosa como parte del último informe de gobierno de Jaime Bonilla.
“Dijo que se iba a dar antes de entrar la siguiente gobernadora, pero a la vez comienza a dar su informe, dice que hay viabilidad financiera y también pide ampliación presupuestal. No le han dado a las propias dependencias los recursos que ya estaban autorizados”, enfatizó Alejandrina Corral.
Hasta el entonces presidente del PAN en el estado, Enrique Méndez Juárez, tuvo elementos para comparar la deuda de la administración que termina con el gobierno de Francisco “Kiko” Vega, y defender al ex mandatario panista.
“La de Kiko Vega se hablaba que era de 15 mil millones, y ahora vamos a tener una deuda mucho más grande. Pero con una gran diferencia: que no se sabe en qué se gastó. Porque no vemos una sola obra de parte del gobierno del estado. ¿Dónde está el dinero de Baja California? Porque le debe a los maestros, ayuntamientos, le debe a la CFE y no hay obra. Si dijeras el dinero ahí está en las obras que se hicieron, ¿pero cuáles? ¿Dónde está lo que prometió? Cobró más de mil 500 millones a través de Fisamex y ¿qué se hizo?”, externó el entonces dirigente.
LA VIOLENCIA NO PARÓ
Más que avanzar en seguridad y combate a la delincuencia, la gestión de Bonilla igual quedará marcada por el crecimiento en los niveles de violencia en esta frontera.
A inicios de su mandato desapareció la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y envió a la Policía Estatal Preventiva (PEP), a la Fiscalía General de Baja California, sin embargo, los números no mejoraron.
Hasta septiembre (los datos más recientes) el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ubicaba a Baja California en el tercer lugar nacional en incidencia delictiva, con 224.1 delitos por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 132.3.
Antes que mostrar preocupación y atención por el tema, el ejecutivo estatal se encargó de desestimar la violencia, particularmente los homicidios, sencillamente atribuyéndolos a la venta de drogas.
“Son sobre una batalla territorial sobre el narcomenudeo. En las colonias, en algunas partes donde el narcotráfico y narcomenudeo es muy activo. Mientras no erradiquemos esos núcleos no podemos erradicar ese problema de homicidios”, decía en una transmisión matutina del 21 de julio pasado.
LOS ENFRENTAMIENTOS DE BONILLA
Son ya conocidos los enfrentamientos del mandatario con distintos personajes de la región y del país.
Arturo González, Zulema Adams, Mario Delgado, Javier Jiménez, Francisco Rubio Rangel, Enrique Méndez, Jorge Hank Rhon, se cuentan entre los que por algún momento Jaime Bonilla dedicó tiempo minutos para lanzar desde serias acusaciones sin ninguna prueba, hasta simples afirmaciones de desprestigio.
“Lo que sí queda claro es que la marca Bonilla tiene que ver con el desencuentro. Hay un constante debate sermoneando a medio mundo y nunca unificó a toda el espectro político en torno a una gestión que pudiera ser más eficaz para resolver problemas, como el de la violencia, que no lo pudo resolver”, apuntó el investigador del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Vicente Sánchez Munguía.
El académico también se refirió a lo complicada que ha sido la transición entre el actual gobierno y la futura gestión de Marina del Pilar Ávila, pese a que ambos pertenecen al mismo partido.
“Siempre se esperaría que hay diferencias y eso, pero no se llega regularmente a una situación tan fuerte como es ahora, que todo indica que el nuevo gobierno tiene problemas en la transición por parte de las dependencias de Bonilla”, expuso.
Por ahora, el futuro político del gobernador es incierto. A partir del 1 de noviembre inicia una nueva etapa del que fue el primer mandatario en la historia de Baja California emanado del partido Morena, quedando en incógnita la influencia que tendrá o no en la vida pública local.
“Es el dueño de la franquicia Morena en el estado. Desde la fundación del partido fue el apoyo sobre el cual gravitó la organización del partido. Él daba el palomazo con la anuencia del dueño del partido que es Andres Manuel López Obrador. No sería muy sano políticamente para el estado, en términos de que quisiera ejercer un Maximato y una cierta hegemonía sobre el gobierno en funciones. Sería un problema muy serio para la gobernadora siempre tenerlo encima”, analizó Sánchez Munguía.
Daniel Ángel Rubio colaboró en esta nota
