La creación de un padrón de autos "chocolate" en Baja California, como el que impulsa el gobernador Jaime Bonilla, fomenta el delito y es un golpe frente a la crisis económica que provocará el Covid-19, aseguró la AMDA.
"Se condena al sector automotor a una pérdida de empleos por la legalización del contrabando", manifestó en un posicionamiento escrito compartido por su director general adjunto, Guillermo Rosales Zárate.
Por eso, añadió la Asociación Mexicana de Distribuidores a.c. (AMDA), está solicitando una vez más la intervención del gobierno federal "ante la cerrazón autoritaria" del ejecutivo estatal.
La asociación compartió también copia de un escrito presentado a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que reconocen "la voluntad" de esa autoridad para respetar la ley.
"Fortalecer el estado de derecho será un elemento básico para mantener la inversión y sustentar la recuperación", consignó la AMDA en su mensaje al responsable de las finanzas del país.
Los distribuidores sostienen que la iniciativa del gobernador, ya avalada por el Congreso local para crear el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, contraviene el marco legal actual.
"Trastorna el orden jurídico nacional, invade atribuciones exclusivas del gobierno federal y lo más lamentable es que incita a la comisión de actos delictuosos", manifestó.
La asociación consideró que el combate a la inseguridad es un pretexto, y alienta la introducción ilegal de autos porque los ciudadanos confían en obtener el reconocimiento gubernamental de sus vehículos.
En la iniciativa aprobada por los diputados el pasado 26 de febrero, dice que el registro, para el que se deberán pagar mil pesos por unidad, es "únicamente una medida de identificación" en el estado, y no reconoce su legal estancia en el país.
