Tijuana.- Empresas siguen ganando amparos por los cobros millonarios de adeudos de agua, indicio que el actuar de la empresa auditora cometió irregularidades en el proceso, por lo que se pide investigar a fondo y que no quede impune, dijo Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana
Exigió “que no quede impune y sin alguna repercusión contra alguien que haya cometido alguna ilegalidad”.
Centenares de empresas interpusieron demandas y quejas por los montos millonarios que cobraba las comisiones del agua, por supuestos adeudos, a través de la empresa Fisamex, contratada por el ex gobernador Jaime Bonilla.
“Si se comprueba una ilegalidad, que se les persiga, así como se les persigue a los empresarios que abusan, que sea piso parejo”, sentenció Rubio Rangel.
Explicó que las empresas pagaban por necesidad, ante la amenaza de la suspensión del servicio de agua y drenaje, pues no podían para operaciones.
“Como se estuvieron llevando las cosas, es claro que hubo un tipo de irregularidad, llegaban con una presuntiva, y antes de poder llegar a analizar el adeudo, decían primero paga y luego revisamos”, añadió.
Como ejemplo, expuso que una industria maquiladora, que opera como centro de distribución y, por lo tanto, no utiliza agua en sus procesos, es un gran almacén, y la empresa Fisamex les cobraban suponiendo que toda la industria usaba agua, por eso los cobros tan altos, basados en esos supuestos.
“El gobierno ha venido perdiendo los amparos en Mexicali también los están perdiendo en Tijuana.”, aseguró.
Sin embargo, no pudo dar cantidad de empresas ni montos, porque no es información pública.
En el último reporte, el gobierno de Jaime Bonilla presumió haber recaudado más de mil 800 millones por adeudo de agua a empresas, el cual en su mayoría fue gastado.
Comentó que una de las opciones sobre la devolución del dinero, aquellas empresas que ganen los casos de los amparos, podría ser que los montos sean abonados como cargo a favor de las empresas en el consumo de agua.
“Esa sería una de las opciones del gobierno del estado, en torno a la negociaciones como fuentes de pago hacía ellos, pero eso lo decide cada empresa”, opinó.
