/ martes 17 de mayo de 2022

Poco combate a la corrupción

Otra tarea pendiente en Baja California es el orden y la seguridad; la entidad se ubica en el lugar 26 de 32

Tijuana.- El actual gobierno federal tomó como una de sus principales banderas el combate a la corrupción, pero a más de tres años de gestión, los resultados están muy lejos de lo que se podría esperar y Baja California es una muestra de eso.

Un análisis del World Justice Project refleja que en el estado aún hay rubros que faltan por atender en el tema.

De acuerdo con el estudio donde los puntajes van de 0 a 1 y 1 indica mayor respeto al Estado de Derecho, el legislativo obtuvo un índice de 0.31, mientras que en las instituciones de seguridad y procuración de justicia apenas llegó al 0.35.

En medio de esto, el Sistema Estatal Anticorrupción creado en 2017 continúa sin operar plenamente y ya lleva dos años sin fiscal en la materia tras la renuncia de Olga Elizabeth Ojeda Mayoral en enero del 2020, a solo un mes de su nombramiento por el Congreso local.

“Fue el principal argumento con el que se posicionó el actual gobierno y le siguieron los gobiernos estatales, los resultados están muy lejos de las expectativas”, expuso el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Vicente Sánchez Munguía.

El especialista consideró que tanto en los gobiernos locales como en el federal la prioridad no es atender el combate a la corrupción.

“En la práctica y hechos, lo que ha pasado con los gobiernos, federal y estatales, es que han ido desmantelando las áreas relacionadas con combate a la corrupción. Todo el sistema anticorrupción lo han limitado en aras de la austeridad según esto y por la desconfianza de estos organismos. Se buscaba darles una autonomía al gobierno para que tengan la capacidad de fiscalizar pero se han disminuido en sus capacidades y no hay dentro de la estructura del estado la fuerza suficiente y los recursos que se requieren para fiscalizar”, abundó.

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Otra tarea pendiente en el estado, según refleja el World Justice Project, es el orden y la seguridad.

Baja California se ubica en ese rubro en el lugar 26 de 32, sobre todo por el alto número de homicidios.

Fueron casi 600 solo en el primer trimestre del año y eso, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (Sensp), ubica a Baja California como el tercer estado con más homicidios dolosos del país.

“No se ha podido superar, ni el gobierno ha tenido voluntad para hacer algo distinto. Hay que reformular y hacer reingeniería completa de las instituciones. A pesar del gobierno sí hay una sociedad bastante activa en el estado en términos de participación y eso aunque sean señalamientos, hay sociedad civil y es algo que hay que destacar, concluyó.

Tijuana.- El actual gobierno federal tomó como una de sus principales banderas el combate a la corrupción, pero a más de tres años de gestión, los resultados están muy lejos de lo que se podría esperar y Baja California es una muestra de eso.

Un análisis del World Justice Project refleja que en el estado aún hay rubros que faltan por atender en el tema.

De acuerdo con el estudio donde los puntajes van de 0 a 1 y 1 indica mayor respeto al Estado de Derecho, el legislativo obtuvo un índice de 0.31, mientras que en las instituciones de seguridad y procuración de justicia apenas llegó al 0.35.

En medio de esto, el Sistema Estatal Anticorrupción creado en 2017 continúa sin operar plenamente y ya lleva dos años sin fiscal en la materia tras la renuncia de Olga Elizabeth Ojeda Mayoral en enero del 2020, a solo un mes de su nombramiento por el Congreso local.

“Fue el principal argumento con el que se posicionó el actual gobierno y le siguieron los gobiernos estatales, los resultados están muy lejos de las expectativas”, expuso el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Vicente Sánchez Munguía.

El especialista consideró que tanto en los gobiernos locales como en el federal la prioridad no es atender el combate a la corrupción.

“En la práctica y hechos, lo que ha pasado con los gobiernos, federal y estatales, es que han ido desmantelando las áreas relacionadas con combate a la corrupción. Todo el sistema anticorrupción lo han limitado en aras de la austeridad según esto y por la desconfianza de estos organismos. Se buscaba darles una autonomía al gobierno para que tengan la capacidad de fiscalizar pero se han disminuido en sus capacidades y no hay dentro de la estructura del estado la fuerza suficiente y los recursos que se requieren para fiscalizar”, abundó.

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Otra tarea pendiente en el estado, según refleja el World Justice Project, es el orden y la seguridad.

Baja California se ubica en ese rubro en el lugar 26 de 32, sobre todo por el alto número de homicidios.

Fueron casi 600 solo en el primer trimestre del año y eso, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (Sensp), ubica a Baja California como el tercer estado con más homicidios dolosos del país.

“No se ha podido superar, ni el gobierno ha tenido voluntad para hacer algo distinto. Hay que reformular y hacer reingeniería completa de las instituciones. A pesar del gobierno sí hay una sociedad bastante activa en el estado en términos de participación y eso aunque sean señalamientos, hay sociedad civil y es algo que hay que destacar, concluyó.

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