Tan solo en 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) ha registrado 79 quejas relacionadas con el derecho a la protección de la salud, informó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente del organismo.
Más aún, de 2015 a la fecha, la Comisión ha emitido 12 recomendaciones en las que la protección de la salud y la vida es el principal derecho humano vulnerado.
En cinco de las recomendaciones, los casos atendidos han registrado la pérdida de vida, por una inadecuada atención médica, principalmente.
Tres de las recomendaciones en materia de salud han sido generales.
Una de las recomendaciones generales tiene que ver con el desabasto de medicamentos, la cual se pronunció en 2018, luego de documentar todas las áreas del Hospital General de Tijuana (HGT), encontrándose violación a los derechos humanos por falta de fármacos, situación que afectaba también a los pacientes del área de oncología.
Hasta el momento, en ninguna de las recomendaciones el estado ha dado cumplimiento a la reparación del daño requerida.
En materia de Derechos Humanos, la reparación del daño a las víctimas sigue siendo el gran pendiente en Baja California.
Recientemente Catalino Zavala, secretario general de gobierno de esta entidad, sostuvo que el presupuesto para este rubro se incrementaría para el ejercicio fiscal de 2022.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos del próximo año no se determinó partida alguna para fortalecer con recursos económicos el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas cuyos derechos humanos hayan sido transgredidos, advirtió la diputada Alejandrina Corral Quintero, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Congreso local.
De acuerdo con la Ley Estatal de Víctimas para el estado de Baja California, el gobierno estatal está obligado a la creación de un fondo para la reparación del daño a las víctimas, expuso la legisladora.
INSTITUCIONES QUE MÁS VIOLAN EL DERECHO A LA SALUD
De las 79 quejas de trasgresión al derecho a la salud, documentadas en 2021 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, el área de Coordinación Médica del Sistema Estatal Penitenciario es la institución que encabeza la estadística, al acumular 53.
Con 18 quejas, la Secretaría de Salud del estado ocupa el segundo lugar de las autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes.
Le sigue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), con siete señalamientos, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con una queja.
PIERDEN LA VIDA POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA
Por no recibir atención médica oportuna, dos reos del Centro de Reinserción Social murieron en el Hospital General de Mexicali (HGM), razón por la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitió este año la recomendación 09/2021.
En el documento se asentó la violación al derecho a la protección de la salud.
Aunque no hay modo de reparar el daño cuando de una vida se trata, el ombudsman de BC encomendó a las autoridades del Cereso de Mexicali resarcir el perjuicio causado.
También recomendó la capacitación en materia de derechos humanos, difusión y publicación de la recomendación como parte de las medidas de no repetición, instalación de mesas de trabajo, e implementación de estrategias como parte del fortalecimiento institucional.
Otro caso. La víctima de un accidente automovilístico fue trasladada al HGM donde falleció “debido a que recibió una inadecuada atención médica y con un diagnóstico erróneo”, se lee en la recomendación 15/2018.
Por este hecho se determinó violación al derecho de protección de la salud y, como consecuencia, a la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad.
VIOLENCIA OBSTÉTRICA, CAUSA DE DECESOS
De las 12 recomendaciones de Derechos humanos emitidas en materia de salud contra autoridades de Baja California, seis proceden de violencia obstétrica o inadecuada e inoportuna atención médica hacia madres en fase de labor de parto activa.
Es el caso de una mujer de 35 años de edad que acudió al servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Tecate (HGT), adscrito a la Secretaría de Salud de Baja California, para que se le brindara atención de trabajo de parto, solicitando como método de planificación familiar definitivo una salpingoclasia.
La fémina presentó una deficiencia de oxígeno a nivel cerebral durante el evento quirúrgico, lo que provocó un daño irreversible progresivo a su estado de salud, hasta perder la vida, lo que generó la recomendación 03/2018.
De acuerdo con la necropsia realizada por los peritos médicos legistas adscritos al Servicio Médico Forense, la causa determinante de la muerte fue falla orgánica múltiple secundaria a sepsis abdominal.
En este hecho la CEDHBC señaló la falta de protección de la salud y como consecuencia la vida, seguridad jurídica y acceso a la justicia, como los derechos vulnerados.
En un caso adicional, además de padecer violencia obstétrica e inadecuada atención de los servicios de salud, una mujer de origen mixteco sufrió la violación a su derecho a la igualdad, durante el parto y puerperio, al no serle proporcionado un intérprete de la lengua mixteca, lo que derivó en la recomendación 14/2017.
SIN REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS
El común denominador de todas las recomendaciones, ya sea por violación del derecho a la salud o de otras causas, es la falta de reparación del daño por parte de la autoridad señalada.
La capacitación es casi el único punto que cumple la autoridad sujeta de queja por violación a los derechos humanos.
Peor aún, existen casos en los que las autoridades sujetas a recomendación se han manifestado en contra de aceptarla.
Como sucedió en la tragedia del asilo Hermoso Atardecer, ubicado en Mexicali, caso en el que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social o de Protección Civil, se pronunciaron en contra, al no admitir su responsabilidad en el incendio que costó la vida de 19 adultos mayores en 2015.
O el caso del ex alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien tampoco quiso aceptar su responsabilidad en la criminalización de migrantes que hizo a través de sus comentarios en 2018, lo que ameritó una recomendación de la CEDH.
Finalmente, todas las autoridades han aceptado su responsabilidad y admitido las recomendaciones, pero ninguna las ha atendido al 100%, estableció la Comisión.
NI CON RECOMENDACIÓN, VÍCTIMAS OBTIENEN JUSTICIA
Sin presupuesto asignado para la reparación del daño a víctimas, las instancias de gobierno no son llamadas a comparecer ante el Congreso del Estado por incumplir con las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California.
Para lograr el resarcimiento del daño, en 2020 emitió la Recomendación General 1/2020 sobre las transgresiones sistemáticas al derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos a ser reparadas de manera integral, recordó el presidente del organismo, Miguel Ángel Mora Marrufo.
El objeto del pronunciamiento fue que las autoridades destinatarias implementen medidas para el pleno reconocimiento de los derechos de las víctimas, por lo que se les instruyó garantizar el derecho a la reparación integral del daño.
Ante la falta de operación del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, se indicó que todas las víctimas reconocidas por las recomendaciones de la CEDHBC fueran compensadas de manera subsidiaria por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de conformidad con lo establecido por el artículo 88 bis de la Ley General de Víctimas.
En caso de no contar con presupuesto, estableció solicitar el recurso necesario al Congreso del Estado.
Al Poder Legislativo se le pidió asignar recursos para la instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
Pero de acuerdo con la diputada Alejandrina Corral Quintero, el Presupuesto de Egresos de Baja California continuará en 2022 sin recursos para reparación del daño a víctimas.
“No encontramos en lo particular una partida que estableciera específicamente una cantidad destinada a solventar ese concepto”, subrayó.
Como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Congreso del estado, se comprometió a realizar “las gestiones necesarias para que se atienda este importante tema”.
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