Tras la posible designación de Jorge Alejandro Palau Hernández como encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Estado, la Coalición Pro Defensa del Migrante A.C. en Baja California y el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM expresaron su preocupación, debido a los antecedentes que le preceden.
Esto debido a que el funcionario ha sido vinculado previamente a actos de agresión en contra de personas en contexto de movilidad, lo que derivó en la suspensión temporal de su puesto; así como ser señalado como un personaje con una visión policiaca, declararon los activistas de acuerdo con diversos reportes periodísticos.
Expresaron que, a pesar de estos antecedentes y tras un intento fallido de nombrarlo como titular del INM en Ciudad Juárez, este nombramiento en Baja California podría llevarse a cabo sin la transparencia debida y sin notificación oficial de las autoridades.
La posible asignación de un funcionario con estos antecedentes es motivo de alarma para las organizaciones defensoras de derechos humanos de migrantes y refugiados, señalaron, especialmente en Baja California, estado que ha sido uno de los bastiones más importantes en su defensa.
‘‘Consideramos que la eventual inclusión de servidores públicos sin un perfil humanitario y con antecedentes de violaciones a los derechos humanos supondría un grave retroceso en los avances logrados en políticas inclusivas y de respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes’’.
Por lo tanto, hicieron un llamado al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, así como a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a reconsiderar este posible nombramiento.
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Además, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una investigación sobre los antecedentes y posibles violaciones a los derechos humanos que involucran al funcionario, para asegurar que los cargos públicos relacionados con la migración sean ocupados por personas comprometidas con el trato digno hacia las personas migrantes y refugiadas.
‘‘Baja California no puede permitirse un retroceso en materia de derechos humanos. Seguiremos trabajando en defensa de las personas migrantes y exigimos que quienes gestionan estas áreas lo hagan con respeto, empatía y total transparencia’’, finalizaron.
