/ martes 19 de octubre de 2021

Presentan denuncia en contra de Alonso Pérez Rico

La Fundación Loto Rojo asegura que la Secretaría de Salud ha incumplido con otorgarle a una niña tratamiento a base de cannabis

María Alejandra Arreola, miembro de la Fundación Loto Rojo y madre de una niña de siete años con epilepsia severa generalizada que requiere de un tratamiento a base de Cannabis, presentó una denuncia en contra de Alonso Pérez Rico por desacato.

“Hace tres años y medio inició un tratamiento cannábico que se adquiere en la ciudad de San Diego. En 2019 acudimos a solicitar un amparo donde el juez ordenó en julio del 2020 a la Secretaría de Salud que ese tratamiento se importara, situación que cayó en incumplimiento por parte de la secretaría a cargo del doctor Pérez Rico”, detalló.

Manuel Farías Camarero, representante legal de la fundación explicó que la denuncia realizada este lunes en contra del titular de la Secretaría de Salud de Baja California presenta dos delitos: desobediencia y declaración falsa.

“Acabamos de presentar una denuncia penal por dos delitos específicos: desobediencia a una suspensión concedida en un juicio de amparo, y también la declaración falsa dentro del mismo procedimiento (...) La Fiscalía ahora se encuentra integrando una carpeta de investigación y dará las diligencias que sean correspondientes para esclarecer los hechos “, explicó.

El abogado mencionó que la desobediencia de una suspensión puede tener una pena de prisión de tres a cuatro años, y dependerá de la Fiscalía que esta denuncia sea llevada ante un juez. La carpeta de investigación puede integrarse en un tiempo aproximado de seis meses, aclaró el representante legal.

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“Nosotros vamos a tratar de agilizar lo más que se pueda y que de alguna manera se pueda determinar esa responsabilidad penal por estos actos que se cometieron durante este juicio de amparo(...) Se necesitan seis meses sino es que necesitan más, pero lo dudo porque es un expediente donde está todo, y está básicamente aquí en los juzgados de distrito”, detalló.

Farías Camarero señaló que a pesar de que el titular de la Secretaría de Salud concluya su tiempo de gestión, la investigación continuará su curso. La suspensión que obliga a Pérez Rico a brindar el tratamiento fue concedida desde el mes de julio del 2020.

“Esta suspensión se concedió en julio del año pasado, y no se ha cumplido, fue el sexto tribunal colegiado del 15 circuito el que nos concedió la suspensión, porque la juez nos lo negó. Nosotros fuimos a un medio de impugnación y nos concedieron la razón en Mexicali, es una suspensión definitiva”, concluyó.

María Alejandra Arreola, miembro de la Fundación Loto Rojo y madre de una niña de siete años con epilepsia severa generalizada que requiere de un tratamiento a base de Cannabis, presentó una denuncia en contra de Alonso Pérez Rico por desacato.

“Hace tres años y medio inició un tratamiento cannábico que se adquiere en la ciudad de San Diego. En 2019 acudimos a solicitar un amparo donde el juez ordenó en julio del 2020 a la Secretaría de Salud que ese tratamiento se importara, situación que cayó en incumplimiento por parte de la secretaría a cargo del doctor Pérez Rico”, detalló.

Manuel Farías Camarero, representante legal de la fundación explicó que la denuncia realizada este lunes en contra del titular de la Secretaría de Salud de Baja California presenta dos delitos: desobediencia y declaración falsa.

“Acabamos de presentar una denuncia penal por dos delitos específicos: desobediencia a una suspensión concedida en un juicio de amparo, y también la declaración falsa dentro del mismo procedimiento (...) La Fiscalía ahora se encuentra integrando una carpeta de investigación y dará las diligencias que sean correspondientes para esclarecer los hechos “, explicó.

El abogado mencionó que la desobediencia de una suspensión puede tener una pena de prisión de tres a cuatro años, y dependerá de la Fiscalía que esta denuncia sea llevada ante un juez. La carpeta de investigación puede integrarse en un tiempo aproximado de seis meses, aclaró el representante legal.

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“Nosotros vamos a tratar de agilizar lo más que se pueda y que de alguna manera se pueda determinar esa responsabilidad penal por estos actos que se cometieron durante este juicio de amparo(...) Se necesitan seis meses sino es que necesitan más, pero lo dudo porque es un expediente donde está todo, y está básicamente aquí en los juzgados de distrito”, detalló.

Farías Camarero señaló que a pesar de que el titular de la Secretaría de Salud concluya su tiempo de gestión, la investigación continuará su curso. La suspensión que obliga a Pérez Rico a brindar el tratamiento fue concedida desde el mes de julio del 2020.

“Esta suspensión se concedió en julio del año pasado, y no se ha cumplido, fue el sexto tribunal colegiado del 15 circuito el que nos concedió la suspensión, porque la juez nos lo negó. Nosotros fuimos a un medio de impugnación y nos concedieron la razón en Mexicali, es una suspensión definitiva”, concluyó.

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