Tijuana. – El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Baja California presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos una denuncia para que requiera a los Ayuntamientos de la entidad cumplan con los derechos y prestaciones para los policías municipales.
La Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, dijo Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo, expresa las condiciones de servicio en las que deben de operar las policías municipales, es decir, remuneración digna, riesgo en función de su rango, jornadas laborales establecidas, día de descanso, licencias.
“Esta denuncia es para que los ayuntamientos reglamenten, reconozcan y cumplan los derechos humanos de los policías”, dijo Hernández Niebla, ya que la cadena de justicia empieza con ellos.
"No podemos pedirle a la policía municipales efectividad cuando no tienen las condiciones mínimas para trabajar en las ciudades", expresó el presidente del Consejo Ciudadano. “Para aspirar a un mejor policía tenemos que hacerle justicia primero a sus condiciones”, dijo el licenciado Hernández Niebla.
Para la implementación de los artículos de la ley en cada uno de los ayuntamientos, se tiene que reglamentar mediante los cabildos las prestaciones y asignación de los recursos financieros, lo cual no se ha hecho.
Puntualizó como referencia la situación de que en México existen 385 mil policías, 76% son policías municipales y estatales y que 95% de los delitos que se cometen son del fuero común, responsabilidad precisamente de estos policías.
Los policías locales están a merced de la voluntad política de los alcaldes en turno. Es difícil evolucionar a un modelo ideal de policía si cada administración cambia las estructuras y lineamientos de sus policías", expresó.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, mencionó que se recibe la denuncia y se hará el análisis correspondiente para emitir posteriormente un posicionamiento hacia las autoridades señaladas.
El presidente del Consejo Ciudadano refirió que esta denuncia también incluye la solicitud para reglamentación del uso de la fuerza pública y sus correspondientes sanciones.
En la entrega del documento estuvieron Alma Lorena Araujo, presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali; Genaro de la Torre, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, y Juan Aldrete Márquez, consejero estatal del CCSP.
