Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone a sus compañeros mantener en dos años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla e invalidar la reforma por la que se amplió su mandato.
En su proyecto de sentencia, sobre las impugnaciones presentadas por diversos partidos políticos, el ministro Fernando Franco plantea que la llamada “Ley Bonilla” es inconstitucional al pretender extender la actual gubernatura de dos a cinco años.
Será la próxima semana cuando los 11 ministros que forman parte del pleno del máximo tribunal del país discutan la propuesta. Se requiere de al menos ocho votos para invalidar el decreto para aumentar el mandato de Jaime Bonilla.
Tres de los integrantes de la Suprema Corte que votarán el caso son de reciente incorporación e impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se trata de las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa así como del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Entre otros puntos, se expone que la reforma vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que consiste en la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.
También en el documento que ya revisan los demás integrantes del máximo tribunal del país, se analizan supuestas violaciones al proceso legislativo y otros temas de índole electoral y constitucional.
Fue el pasado 24 de octubre cuando Fernando Franco dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento.
Sin embargo, el ministro rechazó a los institutos políticos conceder la suspensión de la reforma pues "el hecho de que el Gobernador entre en funciones el próximo primero de noviembre del presente año, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma".
Franco González Salas explicó que no era necesario que la acción de inconstitucionalidad se resolviera antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos.
Incluso, en una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad, consideraron inconstitucional la "Ley Bonilla".
"El Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por el que se reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución local, de once de septiembre de dos mil catorce, se aparta de la regularidad constitucional", plantearon los siete magistrados electorales.
