El proceso de transición en el cambio de administración municipal lleva un avance superior al 80 por ciento, indicó Marcelo de Jesús Machain Servín, oficial mayor del Ayuntamiento de Tijuana.
“Vamos muy avanzados, fue muy exhaustiva porque los despachos que vinieron del alcalde entrante venían con una finalidad de revisión tipo auditoría […] hemos estado avanzando y entregando la información puntual”, dijo.
La Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable (Semov), es la única dependencia que ha finalizado el proceso hasta el momento, indicó Machain Servín, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), es una de las oficinas que está por finalizar.
“Hay algunas secretarías que por sus cargas fue más ágil y ya van terminado, o por el tipo de información que todo es en físico y se entrega en USB, el equipo entrante ya lo está revisando, pero vamos muy avanzados”, comentó el funcionario.
El proceso de transición entre el XXIV y el XXV Ayuntamiento inició el pasado jueves 1 de agosto, para esto, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez designó al oficial mayor.
Mientras que el alcalde electo Ismael Burgueño Ruíz, cuya administración comenzará funciones el próximo 1 de octubre, designó a Pedro Romero Torres Torrija.
Regidores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y un independiente del actual cabildo, señalaron mediante un comunicado falta de transparencia para el otorgamiento de varios contratos durante el cierre de administración.
Enrique Anaya Mata, regidor del Partido Acción Nacional (PAN), indicó en el boletín que presentarán una denuncia ante Sindicatura, contra el actual Oficial Mayor y el tesorero municipal, Luis Miguel Ramírez Flores.
Esto por realizar supuestos pagos indebidos, así como la posible autorización de contratos sin suficiencia presupuestal y los delitos que puedan resultar.
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Además, el regidor señaló en la circular que ambos funcionarios podrían ser denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, por posibles daños al erario público.
