Daniel Ángel Rubio/Gato x Liebre
Una Sindicatura en manos de la oposición ayudaría a conseguir resultados cuando se trata de investigar presuntas irregularidades en los Ayuntamientos. Y aunque para conseguirlo sólo hay que modificar leyes locales, puede ser más complicado de lo que parece.
“En otros municipios ya se maneja esa figura del Síndico de oposición”, informó Cinthya Gómez Tagle Bravo, maestra en derecho constitucional y académica de la Universidad Iberoamericana en Tijuana.
Por esto considero que la propuesta de campaña de Óscar Vega Marín, candidato a gobernador de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN), es viable.
La iniciativa fue difundida en un comunicado de prensa del pasado 03 de abril, en el que el candidato habló de transparencia y combate a la corrupción como una prioridad.
Óscar Vega Marín informó en un comunicado que como gobernador presentará ante el Congreso local que en los ayuntamientos, el Síndico sea emanado de la fórmula del partido que haya quedado en segundo lugar en la elección y no por los alcaldes ganadores.
Y aunque el planteamiento es benéfico para generar contrapesos, y está en las facultades del ejecutivo presentar iniciativas al Congreso, la académica Tagle Bravo reiteró que en éste último recae la decisión final.
Explica que es necesario modificar los artículos de 78 y 79 de la Constitución local, porque definen la distribución de regidores, pero nada dice de la Sindicatura.
También cambiar el artículo 4 de la Ley de Régimen Municipal que habla de la composición de los Ayuntamientos, y la Ley Electoral de Baja California, porque ésa establece que el Síndico Procurador es el segundo nombre en la planilla de futuros ediles que presenta cada candidato a alcalde.
Y para la reforma constitucional el abanderado panista necesitaría conseguir 17 de los 25 votos de la legislatura, que por cierto también será renovada en la votación del próximo 2 de junio.
“Es viable pero hay muchas cosas que tienen que realizarse”, dice Cinthya Gómez, integrante del área de gobernanza en Ibero Tijuana, donde se imparte la maestría en Gestión y Políticas Públicas.
En 2012 el Congreso local ya intentó crear en los gobiernos municipales una estructura de control interno que realmente fuera un contrapeso al partido gobernante.
Fue la Sindicatura Social y la obtendría el partido o coalición que ocupara el segundo lugar de la elección, pero solo funcionó en algunos Ayuntamientos entre 2013 y 2016.
Después de una polémica por una probable duplicidad de funciones con la Sindicatura Procuradora, y sin mayores resultados, los diputados locales eliminaron la figura.
