/ jueves 3 de octubre de 2019

Propuesta fiscales un riesgo: CCE

La reforma plantea que los asesores fiscales deberán reportar operaciones en donde la empresa o el contribuyente pudo obtener beneficios fiscales

Laura Bueno Medina

Propuesta fiscal del gobierno federal representa un riesgo para la competencia leal, inversión extranjera y nacional, así como una visión sobre los contribuyentes de persecución, antes de que se apruebe, y en oposición a ella el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana expresó en rueda de prensa su desacuerdo y ruta a seguir con los diputados federales para frenar o modificar lo que consideran es un mecanismo mal planteado.

Gabriel Camarena, presidente del CCE, manifestó su rechazo diciendo que no desean ser vistos como delincuentes, ya que son empresarios y emprendedores que arriesgan capital e invierten en el país para su desarrollo, mientras que el gobierno federal trata de imponer más carga administrativa a las empresas en el tema fiscal.

José Paulo Hernández Cota, consejero del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, manifestó la preocupación del colegiado ante una medida del gobierno federal mediante el fisco de cancelar los sellos digitales a los contribuyentes,si no presentan a tiempo y correctas sus declaraciones fiscales.

La reforma plantea que los asesores fiscales deberán reportar operaciones en donde la empresa o el contribuyente pudo obtener beneficios fiscales, siendo metidos a una revisión para que sea la autoridad la que determine si es legal o no el beneficio.

Además comentó que se está mermando la responsabilidad solidaria de las empresas o contribuyente con una política que genera incertidumbre.

Por su parte el doctor en derecho fiscal, Adolfo Solís Farías, detalló que el catálogo de la propuesta que ya se encuentra en discusión es tan amplio como preocupante, ya que en principio eleva la defraudación fiscal al grado criminal,así como el contrabando y actos similares, esto incrementaría las sanciones para los culpables de nueve y hasta 40 años de cárcel.

Señaló que el principio de la justicia por la defraudación fiscal es que el defraudar pague, es decir, que aporte la evasión que se le comprueba, no que pase tiempo en la cárcel, porque así no le devuelve nada a las arcas públicas.

Sumándole a lo que se ha analizado en la región norte, la iniciativa “quiere poner en prisión a quienes emiten facturas irregulares”, pero puntualizó que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador nació con este propósito, sin embargo, en el papel es a lo que menos se le pone atención.

Hizo crítica de la creación de la figura del tercero colaborador, es decir, uninformante a la que se le otorgarían premios con la lotería fiscal, esto, dijo abriría la puerta a la competencia desleal de calumnias entre empresas para quesean investigadas sin fundamento.

En conclusión, señaló que por lo que se ha analizado, la reforma fiscal es un mecanismo que no genera estabilidad, crearía una inconexión fiscal, falta de inversión y migración a la informalidad.

En la conferencia de prensa estuvieron los presidentes y representantes de las cámaras como CMIC, Ccpbc, Canirac, Canieto, Canaco, Coparmex e Index Tijuana.

Laura Bueno Medina

Propuesta fiscal del gobierno federal representa un riesgo para la competencia leal, inversión extranjera y nacional, así como una visión sobre los contribuyentes de persecución, antes de que se apruebe, y en oposición a ella el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana expresó en rueda de prensa su desacuerdo y ruta a seguir con los diputados federales para frenar o modificar lo que consideran es un mecanismo mal planteado.

Gabriel Camarena, presidente del CCE, manifestó su rechazo diciendo que no desean ser vistos como delincuentes, ya que son empresarios y emprendedores que arriesgan capital e invierten en el país para su desarrollo, mientras que el gobierno federal trata de imponer más carga administrativa a las empresas en el tema fiscal.

José Paulo Hernández Cota, consejero del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, manifestó la preocupación del colegiado ante una medida del gobierno federal mediante el fisco de cancelar los sellos digitales a los contribuyentes,si no presentan a tiempo y correctas sus declaraciones fiscales.

La reforma plantea que los asesores fiscales deberán reportar operaciones en donde la empresa o el contribuyente pudo obtener beneficios fiscales, siendo metidos a una revisión para que sea la autoridad la que determine si es legal o no el beneficio.

Además comentó que se está mermando la responsabilidad solidaria de las empresas o contribuyente con una política que genera incertidumbre.

Por su parte el doctor en derecho fiscal, Adolfo Solís Farías, detalló que el catálogo de la propuesta que ya se encuentra en discusión es tan amplio como preocupante, ya que en principio eleva la defraudación fiscal al grado criminal,así como el contrabando y actos similares, esto incrementaría las sanciones para los culpables de nueve y hasta 40 años de cárcel.

Señaló que el principio de la justicia por la defraudación fiscal es que el defraudar pague, es decir, que aporte la evasión que se le comprueba, no que pase tiempo en la cárcel, porque así no le devuelve nada a las arcas públicas.

Sumándole a lo que se ha analizado en la región norte, la iniciativa “quiere poner en prisión a quienes emiten facturas irregulares”, pero puntualizó que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador nació con este propósito, sin embargo, en el papel es a lo que menos se le pone atención.

Hizo crítica de la creación de la figura del tercero colaborador, es decir, uninformante a la que se le otorgarían premios con la lotería fiscal, esto, dijo abriría la puerta a la competencia desleal de calumnias entre empresas para quesean investigadas sin fundamento.

En conclusión, señaló que por lo que se ha analizado, la reforma fiscal es un mecanismo que no genera estabilidad, crearía una inconexión fiscal, falta de inversión y migración a la informalidad.

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