/ martes 28 de mayo de 2019

Realiza CEDHBC Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2018-2019

La Ombudsperson de Baja California subrayó que el objetivo del DESP es informar sobre el estado que guardan los derechos humanos

Tijuana.- La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez, hizo entrega del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP) 2018-2019 al Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez González.

La Ombudsperson de Baja California subrayó que el objetivo del DESP es informar sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad (PPL) en los Centros de Reinserción Social (Cereso) y en los Centros de Internamiento para Adolescentes (CIA) del Estado.

Melba Adriana Olvera Rodríguez informó que la conclusión del diagnóstico respecto a los Ceresos arrojó una calificación general de 8.18 (Mexicali: 8.51, El Hongo: 7.58, El Hongo ll: 8.88, Tijuana: 7.21, Ensenada: 8.72) en la escala de uno al diez. Respecto a los CIA, la calificación general fue de 9.47 (Mexicali: 9.51, Tijuana: 9.38, Ensenada: 9.53) en la escala de uno al diez.

Durante la entrega del diagnóstico, Olvera Rodríguez reconoció una mejoría en algunos Ceresos, pues apuntó que en comparación con el DESP 2017-2018, el DESP 2018-2019 muestra un avance en los Ceresos de Mexicali con una calificación anterior de 7.67 y una actual de 8.51; Ensenada con una calificación anterior de 8.10 y actual de 8.72; El Hongo con una calificación anterior de 7.15 y una actual de 7.58 y el Hongo ll con una calificación anterior de 8.83 a una actual de 8.88, siendo el Cereso de Tijuana el único que retrocedió en su evaluación obteniendo 7.28 en el diagnóstico anterior y 7.21 en el actual.

Olvera Rodríguez precisó que el DESP es un diagnóstico sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que permite a las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario generar acciones necesarias para avanzar en el proceso de reinserción, garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas; asimismo, es una herramienta a través de la cual se pueden visualizar los avances, áreas de oportunidad y retos que presentan los Ceresos y CIAS a fin de que las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario puedan utilizarlo como un documento base para generar políticas públicas.

Asimismo, indicó que en el diagnóstico se observaron diversas áreas de oportunidad detectadas por la CEDHBC, entre las que se encuentran el hacinamiento y la sobrepoblación que existe en los Centros, principalmente el del municipio de Tijuana debido a que tiene un capacidad para 2,202 hombres privados de su libertad, pero al momento de hacer el diagnóstico se observó que existían 3,274 personas, mostrando un excedente del 48.68% de lo que la infraestructura tiene prevista. El municipio de Mexicali también cuenta con problema relacionado al hacinamiento ya que tiene una capacidad para 1,556 hombres privados de su libertad, pero en realidad existen 1,889 personas, observando un 21.40% de hacinamiento y sobrepoblación.

De igual manera, se detectó que otra prioridad es garantizar la atención médica a toda la población que integran los Ceresos y CIAS del Estado, debido a que se ha observado que se vulneran los derechos de las PPL al no trasladarlos a sus citas médicas o bien cuando requieren la atención urgente; se requiere también hacer campañas preventivas para la salud, así como exámenes a tiempo de tuberculosis, hepatitis y VIH; y una vez que las PPL sean diagnosticadas, se les brinde el tratamiento y estudios periódicos que requieran; en materia de VIH, es preciso puntualizar que a cualquier PPL que viva con VIH, se le deben de realizar exámenes médicos de control y remitirlos al centro médico correspondiente para que se les otorgue su medicamento de manera constante y permanente durante su estancia, entre otras situaciones.

Cabe mencionar que el DESP comprende del periodo de junio de 2018 a mayo de 2019 y se realizó mediante entrevistas e inspecciones, además de las solicitudes de información a las autoridades penitenciarias.

La Ombudsperson informó que se llevaron a cabo por parte de visitadoras y visitadores adjuntos de la CEDHBC entrevistas con cada uno de los directivos de los Ceresos, subdirectivos de Seguridad y Custodia Penitenciaria y los directivos de los CIAS, aplicando para ello dos instrumentos de evaluación; se realizó la aplicación de 4 instrumentos que comprendieron 282 indicadores, 649 subindicadores y 41 temas, los cuales fueron aplicados para su evaluación al 5% de la población general de los Ceresos, incluyendo los grupos que requieren una atención prioritaria; los instrumentos de los CIAS comprendieron 120 indicadores, 228 sub indicadores y 39 temas; asimismo, se llevó a cabo un recorrido de supervisión y evaluación a todas las áreas que componen cada uno de los 8 Centros Penitenciarios, como áreas médicas, cocinas, comedores, estancias, centros de clasificación, ingresos, áreas en donde se ubican a las personas privadas de su libertad sancionadas, áreas de mujeres, jurídicas, técnicas, áreas en donde habitan cada uno de los 9 grupos que requieren atención prioritaria.

Los rubros considerados fueron: aspectos que garantizan la integridad física psicológica y moral de la persona privada de la libertad; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social de la persona privada de la libertad; y grupos de personas privadas de la libertad que requieren de atención prioritaria.

La Presidenta de la CEDHBC indicó que en el DESP se realizó un análisis visibilizando la discriminación interseccional que sufren las personas privadas de la libertad y las personas adolescentes privadas de la libertad que pertenecen a los diversos grupos que requieren atención prioritaria en los Centros.

Por otro lado, cabe mencionar que la CEDHBC ha registrado, durante el periodo mencionado, 1,267 asuntos relativos a temas del Sistema Estatal Penitenciario, de los cuales, 627 corresponden a Gestiones, 23 a Orientaciones y 617 a Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Los derechos humanos presuntamente vulnerados con mayor frecuencia son: derecho a la seguridad jurídica; derecho a la protección de la salud, derecho a la igualdad y derecho al trato digno.

Cabe señalar que al momento de la aplicación del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria la población total en los Centros de Reinserción Social era de 11,701 personas, de las cuales 11,178 son hombres y 523 son mujeres. En lo que se refiere a los Centros de Internamiento para Adolescentes actualmente se encuentran 50 personas, de las cuales 46 son hombres y 4 son mujeres.

El Diagnóstico también es un insumo para la comunidad académica, investigadora, universidades, organizaciones de la sociedad civil así como para las y los bajacalifornianos.

Cabe mencionar que la valoración de rubros se realizó con base a las disposiciones establecidas en el Derecho Internacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y leyes secundarias; asimismo, normas que contienen estándares y referencias sobre el internamiento, tratamiento y condiciones para que las personas privadas de la libertad reciban una estancia digna y segura a fin de que obtengan su reinserción social.

Tijuana.- La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez, hizo entrega del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP) 2018-2019 al Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez González.

La Ombudsperson de Baja California subrayó que el objetivo del DESP es informar sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad (PPL) en los Centros de Reinserción Social (Cereso) y en los Centros de Internamiento para Adolescentes (CIA) del Estado.

Melba Adriana Olvera Rodríguez informó que la conclusión del diagnóstico respecto a los Ceresos arrojó una calificación general de 8.18 (Mexicali: 8.51, El Hongo: 7.58, El Hongo ll: 8.88, Tijuana: 7.21, Ensenada: 8.72) en la escala de uno al diez. Respecto a los CIA, la calificación general fue de 9.47 (Mexicali: 9.51, Tijuana: 9.38, Ensenada: 9.53) en la escala de uno al diez.

Durante la entrega del diagnóstico, Olvera Rodríguez reconoció una mejoría en algunos Ceresos, pues apuntó que en comparación con el DESP 2017-2018, el DESP 2018-2019 muestra un avance en los Ceresos de Mexicali con una calificación anterior de 7.67 y una actual de 8.51; Ensenada con una calificación anterior de 8.10 y actual de 8.72; El Hongo con una calificación anterior de 7.15 y una actual de 7.58 y el Hongo ll con una calificación anterior de 8.83 a una actual de 8.88, siendo el Cereso de Tijuana el único que retrocedió en su evaluación obteniendo 7.28 en el diagnóstico anterior y 7.21 en el actual.

Olvera Rodríguez precisó que el DESP es un diagnóstico sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que permite a las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario generar acciones necesarias para avanzar en el proceso de reinserción, garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas; asimismo, es una herramienta a través de la cual se pueden visualizar los avances, áreas de oportunidad y retos que presentan los Ceresos y CIAS a fin de que las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario puedan utilizarlo como un documento base para generar políticas públicas.

Asimismo, indicó que en el diagnóstico se observaron diversas áreas de oportunidad detectadas por la CEDHBC, entre las que se encuentran el hacinamiento y la sobrepoblación que existe en los Centros, principalmente el del municipio de Tijuana debido a que tiene un capacidad para 2,202 hombres privados de su libertad, pero al momento de hacer el diagnóstico se observó que existían 3,274 personas, mostrando un excedente del 48.68% de lo que la infraestructura tiene prevista. El municipio de Mexicali también cuenta con problema relacionado al hacinamiento ya que tiene una capacidad para 1,556 hombres privados de su libertad, pero en realidad existen 1,889 personas, observando un 21.40% de hacinamiento y sobrepoblación.

De igual manera, se detectó que otra prioridad es garantizar la atención médica a toda la población que integran los Ceresos y CIAS del Estado, debido a que se ha observado que se vulneran los derechos de las PPL al no trasladarlos a sus citas médicas o bien cuando requieren la atención urgente; se requiere también hacer campañas preventivas para la salud, así como exámenes a tiempo de tuberculosis, hepatitis y VIH; y una vez que las PPL sean diagnosticadas, se les brinde el tratamiento y estudios periódicos que requieran; en materia de VIH, es preciso puntualizar que a cualquier PPL que viva con VIH, se le deben de realizar exámenes médicos de control y remitirlos al centro médico correspondiente para que se les otorgue su medicamento de manera constante y permanente durante su estancia, entre otras situaciones.

Cabe mencionar que el DESP comprende del periodo de junio de 2018 a mayo de 2019 y se realizó mediante entrevistas e inspecciones, además de las solicitudes de información a las autoridades penitenciarias.

La Ombudsperson informó que se llevaron a cabo por parte de visitadoras y visitadores adjuntos de la CEDHBC entrevistas con cada uno de los directivos de los Ceresos, subdirectivos de Seguridad y Custodia Penitenciaria y los directivos de los CIAS, aplicando para ello dos instrumentos de evaluación; se realizó la aplicación de 4 instrumentos que comprendieron 282 indicadores, 649 subindicadores y 41 temas, los cuales fueron aplicados para su evaluación al 5% de la población general de los Ceresos, incluyendo los grupos que requieren una atención prioritaria; los instrumentos de los CIAS comprendieron 120 indicadores, 228 sub indicadores y 39 temas; asimismo, se llevó a cabo un recorrido de supervisión y evaluación a todas las áreas que componen cada uno de los 8 Centros Penitenciarios, como áreas médicas, cocinas, comedores, estancias, centros de clasificación, ingresos, áreas en donde se ubican a las personas privadas de su libertad sancionadas, áreas de mujeres, jurídicas, técnicas, áreas en donde habitan cada uno de los 9 grupos que requieren atención prioritaria.

Los rubros considerados fueron: aspectos que garantizan la integridad física psicológica y moral de la persona privada de la libertad; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social de la persona privada de la libertad; y grupos de personas privadas de la libertad que requieren de atención prioritaria.

La Presidenta de la CEDHBC indicó que en el DESP se realizó un análisis visibilizando la discriminación interseccional que sufren las personas privadas de la libertad y las personas adolescentes privadas de la libertad que pertenecen a los diversos grupos que requieren atención prioritaria en los Centros.

Por otro lado, cabe mencionar que la CEDHBC ha registrado, durante el periodo mencionado, 1,267 asuntos relativos a temas del Sistema Estatal Penitenciario, de los cuales, 627 corresponden a Gestiones, 23 a Orientaciones y 617 a Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Los derechos humanos presuntamente vulnerados con mayor frecuencia son: derecho a la seguridad jurídica; derecho a la protección de la salud, derecho a la igualdad y derecho al trato digno.

Cabe señalar que al momento de la aplicación del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria la población total en los Centros de Reinserción Social era de 11,701 personas, de las cuales 11,178 son hombres y 523 son mujeres. En lo que se refiere a los Centros de Internamiento para Adolescentes actualmente se encuentran 50 personas, de las cuales 46 son hombres y 4 son mujeres.

El Diagnóstico también es un insumo para la comunidad académica, investigadora, universidades, organizaciones de la sociedad civil así como para las y los bajacalifornianos.

Cabe mencionar que la valoración de rubros se realizó con base a las disposiciones establecidas en el Derecho Internacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y leyes secundarias; asimismo, normas que contienen estándares y referencias sobre el internamiento, tratamiento y condiciones para que las personas privadas de la libertad reciban una estancia digna y segura a fin de que obtengan su reinserción social.

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