Karina Torres
Tijuana.- Ante la decisión del gobierno del estado para refinanciar la deuda a corto y largo plazo en Baja California, los representantes de los cinco Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) de la entidad promoverán un amparo para suspender el decreto 335 publicado en el Diario Oficial durante el pasado 12 de abril. La intención es impedir que se concreten convenios de pago y se endeude a los bajacalifornianos durante los próximos 37 años.
El amparo busca específicamente que se suspenda la aplicación de los cuatro puntos que conforman el decreto 335, los cuales contemplan: el refinanciamiento de 12 mil 500 millones de pesos a largo plazo; la deuda de dos mil 600 millones de pesos a corto plazo para cubrir el pago de pensiones y jubilados, monto que ya fue cubierto por la actual administración; los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) de la desalinizadora en Playas de Rosarito; y el segundo nivel del bulevar Zapata, en la ciudad de Tijuana, explicó el abogado fiscalista y asesor del CCE, Adolfo Solís Farias.
“El decreto lo único que demuestra es la ineficacia de un sistema, demuestra la ineficacia del estado, tanto del ejecutivo como del legislativo. El decreto 335 contiene cuatro apartados, cuatro apartados que vamos a recurrir constitucionalmente. Voy a empezar por la parte más lógico y más práctica: el segundo piso del periférico Zapata va a tener un costo de mil 465 millones; ese es el costo total, pero los diputados aprobaron que el monto total eran 11 mil 500 millones; están volando 10 mil 134 millones de pesos. (esto es) o negligencia, o error, o descuido; o bien, un desvío de fondos, y nosotros no podemos permitir eso”, afirmó Solís Farías.
Un segundo punto en el que se sustenta el amparo es el intento de refinanciamiento de 12 mil 600 millones de pesos como parte de la deuda a largo plazo. Su modificación representaría pagar seis millones de pesos más a comparación con la actual deuda que tiene el estado de Baja California, así como la cancelación de los denominados “cupones cero”, que consisten en un apoyo por parte del gobierno federal en el cual se cubre el monto de la deuda y se le da al gobierno estatal interés con una tasa preferencial.
De llevar a cabo el refinanciamiento, se perdería el apoyo; esto complicaría el pago de la deuda ya existente, explicó Rodrigo Llantada, presidente del CCE en la ciudad de Mexicali. “El gobierno del estado reconoce tener una deuda de largo plazo por arriba de los 12 mil millones de pesos. Esa deuda se compone de diferentes créditos; entre ellos, uno que se le considera ‘bono cero’ con el banco de Banobras. ¿Qué es ese ‘bono cero’? El gobierno federal, en un momento con el propósito de apoyar a algunos estados en el desarrollo de infraestructura, le permitió que adquirieran un crédito con Banobras para generar infraestructura, pero el monto de ese crédito lo iba a pagar el gobierno federal; el acuerdo era que el estado pagaría durante la vida de ese crédito, el estado únicamente pagaría los intereses”.
Además, el abogado remarcó que existen créditos próximos a vencer en dos años, por lo que es innecesario “patear la deuda otros 15 a 16 años más”, y que todos los análisis financieros señalan que existe una tendiente baja a la tasa de interés, por lo que cuestionó el hecho de concretar una renegociación y contraer una deuda en este momento cuando las tasas principales de referencias están muy elevadas.
Por su parte, la presidenta del CCE de Tecate, Teresa Ruíz, cuestionó también la intención del actual gobierno de incluir la renegociación de la deuda a corto plazo de dos mil 600 millones de pesos para cubrir pensiones y jubilaciones del nivel educativo. Sin embargo, las autoridades reconocieron haber cubierto esta parte, por lo que el monto se aplicaría en otros rubros, sin especificar cuál sería este nuevo rubro.
En tanto, el presidente del CCE de Tijuana, Gabriel Camarena, apuntó que no existe la necesidad, al momento, de llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda, así como la adquisición de los proyectos APP, en los cuales no logran vislumbrar beneficios para la ciudadanía, solo para las empresas constructoras. También, explicó el caso particular del segundo nivel que se desea construir en el bulevar Zapata, en la ciudad de Tijuana.
“Nosotros no estamos, como sector empresarial, de acuerdo que esta obra tenga una garantía de aforo, puesto que es una APP no solicitada. La APP no solicitada quiere decir que una empresa ve una oportunidad de negocio, invierte en una infraestructura pública, algo parecido a lo que son las carreteras que son concesionadas, y el estado, al final de tiempo de la APP, pasa la infraestructura; en este caso, al gobierno de Baja California. Pero, a la hora de garantizar un aforo, pues viene el riesgo completamente al estado de cubrir ese aforo. Lo que vemos es que era un proyecto financieramente no viable, pero para el estado, para la empresa es muy bueno financieramente porque quita todos los riesgos de operación”, manifestó.
El recurso será presentado a principios de la próxima semana, advirtió Solís Farías. Con esto, estiman que puedan lograr una segunda acción, que sería la acción de inconstitucionalidad, lo que representaría que los propios legisladores acepten el compromiso de querer echar abajo sus propios decretos, puntualizó.
