Tijuana.- El retraso en la construcción del nuevo centro de justicia y remodelación de las oficinas de la Fiscalía General Estatal en Tijuana ha repercutido en la impartición de justicia y coordinación de las dependencias, opinó Rafael Maurizio Cruzmanjarrez, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados de Baja California
“El retraso en su construcción es un gran retroceso de la carga de trabajo”, manifestó el abogado.
Agregó que “ha sido como un elefante blanco, si no mal recuerdo desde hace cinco años empezaron las obras”.
Según el contrato firmado bajo el esquema Asociación Público Privada (APP) con el consorcio Relogar S.A.P.I. de C.V. en la administración de Francisco “Kiko” Vega, la obra debió ser entregada en el 2018, sin embargo, hoy en día continúan los trabajos para terminar el edificio que albergaría el nuevo centro de justicia.
“Desde hace casi cuatro años debió quedar terminada, ahí se aglomeraban unidades receptoras de delitos, que hoy están empalmadas con otras unidades”, comentó Cruzmanjarrez.
Dijo que en lugar la obra, el gobierno de Jaime Bonilla prefirió arrendar un inmueble donde se alberga las oficinas centrales de FGE y pagar cuatro millones de pesos mensuales.
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“Esto ha contribuido al rezago, hay muchas carpetas de averiguación que no se les dio el seguimiento adecuado, ahí están obstaculizadas, pues hay que agregar los cambios de gobierno, la transición de procuraduría a fiscalía en estos últimos años”, señaló.
Reconoció que la ciudad necesitaba ampliaciones para una mayor atención pues la población siguió creciendo potencialmente y por consecuencia la demanda de atención y la modernización de las instalaciones.
“Se pudo haber hecho las modificaciones de manera parcial sin necesidad de quitar las unidades receptoras de la zona”, opinó.
