Karina Torres
San Diego.- El concejo municipal de San Diego analizará esta mañana en unirse a la demanda colectiva interpuesta por la ciudad de Imperial Beach y Chula Vista contra el Gobierno Federal por violaciones a la Ley de Agua Limpia (CWA por sus siglas en inglés) registradas durante décadas en el sur del Condado de San Diego.
La primera demanda fue interpuesta el pasado 17 de julio de 2018 por la asociación Surfrider de San Diego y a la cual se unieron las ciudades antes mencionadas así como la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de San Diego y el Secretario de Estado de California, Xavier Becerra.
La intención es frenar las continuas descargas que llegan desde territorio mexicano al sur del Condado de San Diego, así como desechos y plásticos que viajan a través del río Tijuana hacia El Estuario y las Costas de California, así como zonas habitadas del vecino condado colindantes con la frontera Sur.
La demanda señala que desde el gran derrame de aguas negras registrado desde México hacia el sur de California en febrero del año 2017, las familias han disminuido las visitas al parque estatal fronterizo y han tenido que incrementar las medidas de seguridad para evitar el contacto con el agua en el área.
