Tijuana.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el trámite de controversia constitucional interpuesto por el ejecutivo federal contra el decreto del gobernador Jaime Bonilla Valdez, que pretendía liberar el peaje de las caseta en Playas de Tijuana, para el especialista en derecho Sergio Bravo Gilbert, la SCJN deberá de dar una resolución final sobre si los actos del gobernador fueron inconstitucionales o no, independientemente si se desistió del decreto el mandatario estatal.
“Yo creo que era inconstitucional este decreto, simple y sencillamente porque no son facultades conferidas al estado, son única y exclusivamente facultades de la federación”, dijo Sergio Bravo.
El especialista en derecho mencionó que todas las controversias constitucionales admitidas en la Suprema Corte tienen que terminarse en todos los pasos del procedimiento y consideró que el máximo titular de impartición de justicia aprovechará, como ha sucedido en otras ocasiones, para emitir una sentencia de jurisprudencia en la que quede asentado que ningún gobernador puede decretar en torno a la administración de las autopistas y refrendar que las concesión de las carreteras federales es única y exclusivamente otorgada por la federación.
“Dentro de la sentencia podría quedar aceptado por la corte, que el gobernador no tiene sus facultades para efectos de que queden antecedente, donde la suprema corte, independientemente que determine que es improcedente el juicio, porque quedó sin materia el decreto, pero que también quede claro que carece de esas facultades el gobernador”, comentó el especialista en derecho.
Para especialistas en derecho la decisión o resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcará un precedente que podría evitar que se realicen modificaciones a las leyes a favor de intereses personales de los gobernadores de otras entidades del país.
