Debido a que el Ayuntamiento de Tijuana no cumplió con las metas establecidas para el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), deberá regresar una subvención de casi 500 millones de pesos más intereses, indicó Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de Movilidad Sustentable (Imos).
“Hay una cláusula de castigo en el que hay que regresar la subvención, que es casi 500 millones de pesos y seis años de interés, es una de las razones por las que el estado es cuidadoso de no recibir un proyecto con esas contingencias”, detalló.
Esa fue la respuesta de Gutiérrez Topete al ser cuestionado sobre las declaraciones de Montserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, quien mencionó su deseo de retirar los carriles del SITT como una solución al caos vial que atraviesa la ciudad.
“Habría consecuencias para el Ayuntamiento, no por parte de nosotros, sino del gobierno federal y las reglas bajo las cuales fue entregada la subvención, es del fondo nacional de infraestructura”, mencionó.
El director del Imos reiteró que la transición del SITT como responsabilidad del estado debió efectuarse desde la administración gubernamental pasada, bajo el mandato de Jaime Bonilla Valdez. Además dijo que los temas del tránsito, definición de carriles y el espacio de paradas son facultad del municipio.
“Estábamos en comunicación con el secretario de movilidad (Javier Delgado Garibay) que renunció semanas atrás, el día que teníamos la reunión me hablaron para cancelar una reunión con él, no hemos retomando las pláticas”, agregó.
Sobre el reciente asesinato de dos transportistas en Tijuana, Gutiérrez Topete señaló que a la insitución que dirige no le corresponde manejar los temas de seguridad, sin embargo confía en que la Fiscalía General el Estado (FGE) realice su trabajo.
“Nosotros regulamos el transporte y quien maneja, pero los choferes en su mayoría tienen su licencia vigente y carta de no antecedentes penales (...) Algunos transportistas se han manifestado en algunos medios, pero son temas de seguridad en los que el Imos no tiene facultades, estamos preocupados pero confiamos en que la fiscalía haga su trabajo”, finalizó.
El gobierno estatal de Baja California bajo el mandato de Jaime Bonilla Valdez, tomó la responsabilidad de administrar todas las líneas de transporte en el estado, a excepción del SITT
