/ martes 21 de mayo de 2019

Torturan y abusan de menores en el estado

Algunas instituciones operan sin licencia; el reporte también incluye a personas con discapacidad

Karina Torres

Tijuana.- Varios casos de tortura, violación, detenciones arbitrarias y abuso a los derechos universales de las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y migrantes fueron

documentados por la organización Disability Rights International (DRI) en la frontera de México con Estados Unidos; en especial, en Baja California.

“Este informe se centra particularmente en cuatro instituciones; el reporte se centra en ellas, porque tienen, de una u otra manera, a población con discapacidad, ya sea niñez o adultos con discapacidad. De estas cuatro instituciones, dos son centros de rehabilitación que en teoría son para personas con problemas de adicción, de drogas y alcohol, pero en la práctica detienen a menores de edad; bueno, encontramos a menores de edad, encontramos a personas mayores con discapacidad y encontramos también a personas que fueron deportadas de Estados Unidos”, expresó Priscila Rodríguez, directora adjunta de DRI.

El estudio realizado durante los meses de noviembre de 2018 y febrero de 2019 reveló que dos de las cuatro instituciones analizadas operan sin licencia y bajo el conocimiento del gobierno estatal; específicamente, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Baja California. Los centros investigados no se rigen basados en la legalidad, pues canalizan para su cuidado a menores del DIF y otras instituciones, indicó Rodríguez.

“Lo que nos comentan es que, en estos centros, la policía lleva a personas; entonces, pareciera que lo que nos comentan es que se cansan de que las personas que son deportadas estén en las calles; entonces, las llevan a estos centros si tienen alguna discapacidad, y tenemos testimonios de personas deportadas con discapacidad que fueron deportadas de Estados Unidos a México y que mandaron a estos centros de rehabilitación y fueron abusados, fueron violados; fue violado uno de ellos”, compartió.

Los cuatro centros que conforman el estudio son: el Centro de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD), en el cañón de Playas de Rosarito; el Centro de Rehabilitación Fortalécete en Cristo A.C.; y las instituciones Casa Gabriel, ubicada en el puerto de Ensenada, y Tesoros Escondidos, que se encuentra en la capital del estado.

En el caso de La Casa Gabriel, DRI encontró una alta tasa de mortalidad de niñas y niños con discapacidad. De acuerdo a datos que personal de la propia institución proporcionó a DRI, en el mes de febrero de este año, al menos cuatro menores murieron bajo su cuidado con pocos días de diferencia. Además, se logró documentar casos de tortura y abusos como sujeciones prolongadas y cuartos de aislamiento.

Pequeño Mundo Especial es una segunda institución visitada por DRI; en esta, detectaron que opera sin haberse constituido formalmente y, pese a que las autoridades del Sistema DIF en Baja California tienen conocimiento de esta información, continúan canalizando a menores de edad a este espacio para su atención.

“Por ejemplo, Fortalécete en Cristo y Pequeño Mundo Especial no cuentan con el registro para operar; entonces, no tiene registro y están deteniendo personas, y el gobierno lo sabe y está mandando personas (a) estas instituciones”, detalló Priscila Rodríguez.

Además, Lisbet Brisuela, directora de Disability Rights para México, reiteró que “incluso en estas instituciones, que no están reguladas y que no tienen un registro o posición legal, no tienen ni siquiera los elementos básicos para trabajar con población en estado de vulnerabilidad”.

Las investigaciones de DRI se realizaron con el acompañamiento en todo momento de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la entidad. Entre las recomendaciones hechas por la organización, destacan: garantizar que las personas con discapacidad y los menores no acompañados deportados de los Estados Unidos o rechazados en la frontera no sean colocados en instituciones de México, prohibir las instituciones no reguladas e investigar las muertes y abusos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad en las instituciones.

Karina Torres

Tijuana.- Varios casos de tortura, violación, detenciones arbitrarias y abuso a los derechos universales de las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y migrantes fueron

documentados por la organización Disability Rights International (DRI) en la frontera de México con Estados Unidos; en especial, en Baja California.

“Este informe se centra particularmente en cuatro instituciones; el reporte se centra en ellas, porque tienen, de una u otra manera, a población con discapacidad, ya sea niñez o adultos con discapacidad. De estas cuatro instituciones, dos son centros de rehabilitación que en teoría son para personas con problemas de adicción, de drogas y alcohol, pero en la práctica detienen a menores de edad; bueno, encontramos a menores de edad, encontramos a personas mayores con discapacidad y encontramos también a personas que fueron deportadas de Estados Unidos”, expresó Priscila Rodríguez, directora adjunta de DRI.

El estudio realizado durante los meses de noviembre de 2018 y febrero de 2019 reveló que dos de las cuatro instituciones analizadas operan sin licencia y bajo el conocimiento del gobierno estatal; específicamente, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Baja California. Los centros investigados no se rigen basados en la legalidad, pues canalizan para su cuidado a menores del DIF y otras instituciones, indicó Rodríguez.

“Lo que nos comentan es que, en estos centros, la policía lleva a personas; entonces, pareciera que lo que nos comentan es que se cansan de que las personas que son deportadas estén en las calles; entonces, las llevan a estos centros si tienen alguna discapacidad, y tenemos testimonios de personas deportadas con discapacidad que fueron deportadas de Estados Unidos a México y que mandaron a estos centros de rehabilitación y fueron abusados, fueron violados; fue violado uno de ellos”, compartió.

Los cuatro centros que conforman el estudio son: el Centro de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD), en el cañón de Playas de Rosarito; el Centro de Rehabilitación Fortalécete en Cristo A.C.; y las instituciones Casa Gabriel, ubicada en el puerto de Ensenada, y Tesoros Escondidos, que se encuentra en la capital del estado.

En el caso de La Casa Gabriel, DRI encontró una alta tasa de mortalidad de niñas y niños con discapacidad. De acuerdo a datos que personal de la propia institución proporcionó a DRI, en el mes de febrero de este año, al menos cuatro menores murieron bajo su cuidado con pocos días de diferencia. Además, se logró documentar casos de tortura y abusos como sujeciones prolongadas y cuartos de aislamiento.

Pequeño Mundo Especial es una segunda institución visitada por DRI; en esta, detectaron que opera sin haberse constituido formalmente y, pese a que las autoridades del Sistema DIF en Baja California tienen conocimiento de esta información, continúan canalizando a menores de edad a este espacio para su atención.

“Por ejemplo, Fortalécete en Cristo y Pequeño Mundo Especial no cuentan con el registro para operar; entonces, no tiene registro y están deteniendo personas, y el gobierno lo sabe y está mandando personas (a) estas instituciones”, detalló Priscila Rodríguez.

Además, Lisbet Brisuela, directora de Disability Rights para México, reiteró que “incluso en estas instituciones, que no están reguladas y que no tienen un registro o posición legal, no tienen ni siquiera los elementos básicos para trabajar con población en estado de vulnerabilidad”.

Las investigaciones de DRI se realizaron con el acompañamiento en todo momento de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la entidad. Entre las recomendaciones hechas por la organización, destacan: garantizar que las personas con discapacidad y los menores no acompañados deportados de los Estados Unidos o rechazados en la frontera no sean colocados en instituciones de México, prohibir las instituciones no reguladas e investigar las muertes y abusos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad en las instituciones.

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