Tijuana.- El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California (CCSPBC), Juan Manuel Hernández Niebla, se pronunció en contra de la medida de recabar datos biométricos de los ciudadanos, consideró que es un “serio peligro”, pues era una invasión a la seguridad de los mexicanos, luego de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“El compartir datos biométricos expone la identidad o las identidades de las personas y es un serio peligro, sobre todo porque el gobierno federal nos ha demostrado varias veces que no tiene la manera de evitar hackeos y ataques cibernéticos, en lo que va de la presente administración se ha vulnerado prácticamente a ocho diferentes entidades (o dependencias) del gobierno de la república, incluyendo Pemex”.
La ley establece que para poder tener acceso a un celular en el país, tendrán que entregar datos biométricos al gobierno y a las empresas de telefonía, entre esos requisitos que ya estaba una copia de una identificación, tendrán que registrarse las huellas digitales, fotografías del rostro y datos detallados del domicilio del usuario.
Una medida que el presidente del CCSPBC consideró que era para tener el control de los mexicanos y que son actos que solo se viven en países socialistas o dictaduras como en Venezuela, Afganistán y países que han demostrado que ejercen el control ciudadano.
“Nosotros pensamos que esto es una invasión a la privacidad, que la retórica en materia de seguridad es falsa y que finalmente lo que pretende la autoridad es tener el control de la información personal”.
Según el gobierno federal, la ley pretende disminuir los secuestros y extorsiones del país, para Hernández Niebla no ha realizado acciones como controlar la venta de chips de celulares y las llamadas telefónicas de extorsión que vienen de los penales de “alta” seguridad.
“La retórica que utiliza la autoridad en relación a esta nueva ley para tener identificados a los usuarios de celulares para reducir los secuestros y la extorsión, primeramente, yo te diría que 80 y 85% de las llamadas de extorsión salen de los penales, tan sencillo como que autoridades federales pusieran inhibidores de señal en estos penales y te garantizo que por lo menos las extorsiones se reducirían considerablemente”, señaló Hernández Niebla.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que aproximadamente se tendrá que hacer una inversión de 700 millones de pesos para iniciar con el registro de datos biométricos durante una época de austeridad por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.
En el año 2009, el gobierno mexicano intentó implementar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que buscaba combatir la delincuencia a través de registrar a los usuarios de telefonía móvil, para reducir los secuestros, sin embargo, no hubo resultados y la iniciativa fue cancelada en el 2012.
