Daniel Ángel Rubio
Tijuana.- Las secretarías de gobierno y los particulares tendrán que atender juntos la rehabilitación de personas que cometen delitos y no alcanzan prisión preventiva, de acuerdo con el subsecretario del sistema estatal penitenciario, David Limón Grijalva.
Apuntó que, en la nueva ley de ejecución penitenciaria, las distintas secretarías están obligadas a colaborar y espacios como centros de rehabilitación serán llamados para recibir pacientes.
Recordó que los jueces pueden emitir otras medidas cuando los detenidos no son enviados a prisión porque sus delitos no son considerados graves. “La ley permite, no el juez, el juez es una herramienta que tiene ley, y él la aplica”, comentó el subsecretario en medio de los diversos señalamientos en contra del poder judicial, porque los detenidos no se quedan en prisión.
Limón Grijalva mencionó que ahora deben dar a los jueces la lista de esas alternativas para atender a los detenidos que no alcanzan prisión preventiva mientras avanza la investigación.
“Estamos coordinándonos con diferentes secretarías para invitar no nada más a los centros de rehabilitación, sino a diferentes tipos de fundaciones, de grupos que tienen el fin de una reinserción”, mencionó.
Con el modelo de justicia que ya tiene más de un año en la ciudad, delitos como la portación de armas ya no merecen prisión, y las autoridades lo relacionan con la alta incidencia de asesinatos. Empresarios y autoridades locales están pidiendo al congreso federal la reclasificación del delito en el código de procedimientos penales.
Por otro lado, principalmente los abogados señalan que para las autoridades también ha sido complicado adaptarse al nuevo modelo de impartición de justicia que exige mayor rigurosidad en las detenciones y la integración de expedientes.
