/ martes 28 de diciembre de 2021

Víctimas rechazan terna para Comisión

El gobierno dijo: quiero tener a mis servidores con mis lineamientos, acusó Angélica Ramírez

Tijuana.- En la terna para encabezar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila al Congreso se está violando la Ley de Víctimas, acusaron Organismos de la Sociedad Civil.

Una Nación Buscando T, víctimas de Lomas del Rubí y el albergue para migrantes Ágape, se manifestaron este lunes en el monumento a La Madre para denunciar que dos integrantes de esa terna violan el artículo 85 que prohíbe designar a personas que hayan ocupado un cargo público en los dos años previos.

El pasado 3 diciembre el gobierno estatal lanzó la convocatoria para los interesados en ocupar el cargo y el 24 de diciembre, a través de un comunicado, informó que María Alejandra Basaldúa Ayala, Manuel González Millán y Arely Lourdes Vera Lizárraga fueron electos para integrar la terna.

“Primero nos dimos cuenta que está la señora Alejandra Basaldúa, ella es de atención a víctimas aquí en Tijuana, encargada de esta institución, por lo tanto no podría estar ahí”, señaló Angélica Ramírez, de la organización Una Nación Buscando T.

“Seguimos con la investigación para ver quiénes eran estos otros dos, nos dimos cuenta que el otro (Manuel González Millán) era una persona de médico forense (...) También servidor público por parte de la fiscalía”, agregó.

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Añadió que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y asociaciones de atención a víctimas se organizan para interponer una denuncia y pedir una nueva convocatoria, o que estos dos servidores públicos sean reemplazados de la terna.

“Hay 15 personas que se registraron, entre ellas defensoras de derechos humanos, contra los feminicidios, periodistas, personas muy acorde, pero el gobierno dijo quiero tener mis servidores públicos que ya están con mis lineamientos”, acusó.

Por su parte, Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, entrevistado vía telefónica, también se opuso a la terna presentada al Congreso del estado.

“El peor error es poner gente que en su momento haya trabajado en la fiscalía porque sabemos de la indiferencia que tienen muchos a este tema, además pensamos que carecen de la experiencia para ver la temáticas de las víctimas en Baja California”, opinó.

Añadió que estas designaciones son de índole político y no por experiencia sobre el tema.

También lamentó que no haya presupuesto anual para la comisión, por lo que dependerá del recurso que le asigne la Secretaría General de Gobierno.

Tijuana.- En la terna para encabezar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila al Congreso se está violando la Ley de Víctimas, acusaron Organismos de la Sociedad Civil.

Una Nación Buscando T, víctimas de Lomas del Rubí y el albergue para migrantes Ágape, se manifestaron este lunes en el monumento a La Madre para denunciar que dos integrantes de esa terna violan el artículo 85 que prohíbe designar a personas que hayan ocupado un cargo público en los dos años previos.

El pasado 3 diciembre el gobierno estatal lanzó la convocatoria para los interesados en ocupar el cargo y el 24 de diciembre, a través de un comunicado, informó que María Alejandra Basaldúa Ayala, Manuel González Millán y Arely Lourdes Vera Lizárraga fueron electos para integrar la terna.

“Primero nos dimos cuenta que está la señora Alejandra Basaldúa, ella es de atención a víctimas aquí en Tijuana, encargada de esta institución, por lo tanto no podría estar ahí”, señaló Angélica Ramírez, de la organización Una Nación Buscando T.

“Seguimos con la investigación para ver quiénes eran estos otros dos, nos dimos cuenta que el otro (Manuel González Millán) era una persona de médico forense (...) También servidor público por parte de la fiscalía”, agregó.

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Añadió que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y asociaciones de atención a víctimas se organizan para interponer una denuncia y pedir una nueva convocatoria, o que estos dos servidores públicos sean reemplazados de la terna.

“Hay 15 personas que se registraron, entre ellas defensoras de derechos humanos, contra los feminicidios, periodistas, personas muy acorde, pero el gobierno dijo quiero tener mis servidores públicos que ya están con mis lineamientos”, acusó.

Por su parte, Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, entrevistado vía telefónica, también se opuso a la terna presentada al Congreso del estado.

“El peor error es poner gente que en su momento haya trabajado en la fiscalía porque sabemos de la indiferencia que tienen muchos a este tema, además pensamos que carecen de la experiencia para ver la temáticas de las víctimas en Baja California”, opinó.

Añadió que estas designaciones son de índole político y no por experiencia sobre el tema.

También lamentó que no haya presupuesto anual para la comisión, por lo que dependerá del recurso que le asigne la Secretaría General de Gobierno.

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