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Como si se hubiera registrado un sismo de gran magnitud, lucen las calles Lira, Casiopea, Austral y Vía Láctea en la colonia Sánchez Taboada con sus casas destruidas y calles colapsadas.
Es un deslizamiento más a la lista de 23 que se han registrado en Tijuana desde 1992, según un recuento que aparece en el atlas de riesgo de la ciudad actualizado en 2014.
Pese a que vivir en la zona es peligroso, y que fue declarada por el gobierno estatal como zona de desastre el 24 de diciembre de 2019, hay familias que se niegan a salir porque no quieren perder el patrimonio de su vida. Como Ariel Eduardo Hernández, que habita hace más de 40 años en la esquina de la calle Hidra y Casiopea.
“Aquí no hay una falla geológica, ni deslizamientos, todo está provocado por las aguas negras y la tubería”, insiste.
Esa es la afirmación desde que comenzaron las grietas en las paredes y las banquetas, pero la declaratoria de zona de desastre.
Contrario a los afectados, el delegado de programas del gobierno federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, señaló que los movimientos de tierra se deben a una falla geográfica y derivado de los movimientos de tierra las tuberías del organismo del agua colapsaron.
La vivienda de Ariel Eduardo,es una de las pocas que continúa en pie, pues está construida sobre la meseta de la zona del desastre.
Dice que los movimientos de tierra empezaron en agosto del 2015 y que no se saldrá porque los deslaves son responsabilidad de las autoridades. Además la reubicación que proponen los gobiernos del estado y federal son unas “mini casas” de interés social, alejadas de la zona urbana de Tijuana.
“Dieron una respuesta de 100 metros cuadrados, con 48 metros de construcción, que es una miseria. El gobierno dice que te va a ayudar con una renta de tres mil 500 pesos mensuales, no mayor de nueve a 12 meses y la sexta cláusula indica que cedes los derechos de tu propiedad, la destrucción. Queda en resguardo del gobierno, o sea, te está quitando prácticamente tu terreno por 40 mil pesos y los que estamos aquí no estamos cediendo por esa miseria. Que nos den lo que tenemos de terreno”, comentó.
El predio de mil metros cuadrados de Ariel Eduardo Hernández fue heredado por sus padres en los años 70. Su familia junto a otras 950 más que vivían cerca del cauce del Río Tijuana, en el asentamiento conocido como “cartolandia”, fueron reubicados a la colonia Sánchez Taboada para poder construir la canalización del Río.
“Lo que le interesa al gobierno es esta meseta, porque hay un interés grandísimo aquí, hay un interés grandísimo. En el 93 tuvimos unas lluvias bien fuertes, tuvimos que salir por las fábricas y ni una casa se cayó, no se ‘crakeó’ el asfalto, tampoco se agrietó. Y ahora resulta que con las fugas, pues todo se está agrietando y que es una falla. No es cierto”, insiste.
Por esa razón, él y otros afectados por los movimientos de tierra se niegan a ser reubicados, viven como cuando llegaron en los años setenta: sin energía eléctrica, sin agua potable, tampoco telefonía o internet.
“Hace como unas tres semanas vinieron los de la comisión y jalaron el cableado para quitarnos la luz, los tenemos grabados en video, es presionar para que nos vayamos, es quitarnos el agua, la luz, quitarnos los servicios para que cedas. Pero aquí vamos a seguir, porque no es lo correcto lo que nos están dando”, dijo con enojo Ariel.
Algunas de las familias afectadas se abastecen de energía eléctrica usando “diablitos”, y hay tomas de agua potable comunitarias.
Zury Covarrubias, otra de las afectadas, dice que es difícil vivir sin servicios públicos con sus hijos de 10 y 14 años, porque enfrentaron la pandemia con cortes de agua potable.
Considera que las viviendas que les ofrecen para reubicación son un espacio reducido en comparación con el terreno de la calle Casiopea #117, dividido en cuatro viviendas, donde viven su padres y hermanos con sus familias.
“Aquí mis hijos crecieron, aquí fueron a la escuela y ya tenemos como unos seis años batallando con esto de las fugas de agua, de los deslaves; como nos estamos inundando, hemos ido a dependencias de gobierno, con el gobernador. De hecho hemos metido papeles para el señor presidente y creo que no nos han hecho caso. Nadie merece vivir en un lugar así”, comenta.
Los desniveles que ha dejado el movimiento de tierra han provocado que la vivienda de Zury Covarrubias, construida a base de madera, esté amenazada desde lo alto por otra más de concreto.
“Mi vecino tiene una casa de dos pisos, mi preocupación es que se fuera a venir para abajo estando nosotros tal vez dormidos y vuelvo a decir, el gobierno no nos puede ayudar a nada, nos quiere dar un mini terreno donde ni siquiera cabe la recámara de mi hija”, señaló.
En el caso de otra vecina que llegó en los años 80 a vivir a la calle Lira #16, una avenida que hoy está colapsada, su casa también quedó bajo un desnivel y vive junto a descargas irregulares.
Las tuberías de drenaje colapsaron y escurren las aguas de las viviendas que quedaron calle arriba.
“Aquí estoy viviendo entre aguas negras, pero no me voy a ir de mi casa, aquí me voy a morir”, dice.
La mujer de avanzada edad vive también en medio de casas colapsadas y abandonadas por sus dueños, porque son inhabitables.
En algunas de esas construcciones en ruinas, ladrones continúan ingresando a destruir y conseguir metales que venden en las recicladoras.
Otras viviendas que fueron abandonadas porque están en ruinas y agrietadas, son utilizadas por personas en situación de calle para tener un techo, o como picaderos por usuarios de drogas.
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Al inicio de la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, luego de un recorrido en la colonia el 14 de diciembre de 2019, se determinó que en el lugar había más de 500 casas afectadas y la zona era de alto riesgo por una falla geológica.
Fue declarada zona desastre para acceder a recursos del gobierno federal, y el lugar fue declarado inhabitable.
“Si llegamos a lograr que se declare zona de desastre tendríamos recursos federales para resolver el problema relativamente más rápido”, señaló en una de sus primeras transmisiones en vivo, el 16 de diciembre de 2019.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del gobierno federal en Baja California, indicó que consiguieron presupuesto para construir viviendas en la colonia Vista Horizonte y llevar a damnificados de deslaves de las colonias Sánchez Taboada y Camino Verde.
“No solamente hicimos un censo, se están ya construyendo las casas, (...). Son 302 viviendas las que se van a construir. Ellos aprobaron el terreno, que está un poquito ‘tirando’ para el bulevar 2000, para allá en Rosarito. Están muy bien conectados, están muy contentos con los terrenos porque casi casi, ellos escogieron”, afirma.
Según la declaratoria de zona de desastre natural publicado la “Noche Buena” de 2015, Protección Civil colocó en Sánchez Taboada 399 sellos rojos y 530 amarillos.
“Se atendió a los rojos, y los amaarillos están en veremos porque están en estudios, si se pueden salvar esas propiedades”, dijo el delegado Ruíz Uribe.
Añadió que no pueden obligar a las personas a salir de la zona afectada en Sánchez Taboada y que el estado ha cumplido con pagar las rentas. Lo que no ha cumplido son los plazos.
El 10 de junio de 2020, a medio año de la declaratoria de desastre natural, el gobierno estatal emitió un comunicado de prensa para informar que ya tenían un predio en “Cueros de venados”, al sur del bulevar 2000, para la reubicación de 709 familias, 461 de ellas de Sánchez Taboada, y el resto de otros deslizamientos.
“Para junio del siguiente año estarán concluidas las viviendas, luego de pasar por varios procesos que marca el calendario de trabajo, como el desarrollo del proyecto ejecutivo, obras de cabecera, integración vial, así como acciones de urbanización y electrificación.
El delegado federal respondió que “ya está construyéndose”, y sin exponerse a establecer fecha de conclusión, afirmó que será este año porque está en el presupuesto anual.
Sobre el futuro de la zona destrozada en la colonia Sánchez Taboada, reiteró que al ser declarada inhabitable no se podrá construir ningún tipo de vivienda o construcción pesada.
Únicamente algún espacio tipo caminador, pero aún no existe ningún proyecto.
Decenas de familias se niegan a salir de la colonia Sánchez Taboada, porque el gobierno no les ofrece una indemnización justa por sus predios y los quieren reubicar a los que llaman “mini casas”
Las viviendas más afectadas viven sin servicio públicos, por lo que a través de “diablitos” se abastecen de energía eléctrica, y en tomas comunitarias de agua potable se abastecen del líquido
Los gobiernos federal y estatal iniciaron el proyecto de la colonia Nuevo Horizonte, donde pretenden construir 302 viviendas en predios de 100 metros cuadrados, para reubicar a afectados de las colonias Sánchez Taboada y Camino Verde
Los movimientos de tierra empezaron en agosto de 2015
