/ martes 10 de marzo de 2020

[Video] Demandan por derrumbe

7 familias mantienen demanda el estado por un monto de 15 millones de pesos cada una

Siete familias de las cientos que fueron afectadas tras el derrumbe en Lomas del Rubí, mantienen una demanda contra el Estado por un monto de 15 millones de pesos cada una.

El abogado, Antonio Gómez, representante de las interesadas, acudió a sindicatura municipal para presentar documentos que le fueron requeridos para determinar qué funcionarios permitieron la construcción de un desarrollo a un costado de Lomas del Rubí, lo que a la postre causó la caída de las casas.

"Nosotros no estamos demandando a ningún servidor público, la demanda de responsabilidad patrimonial es en contra del Estado por actividad administrativa irregular que servidores públicos tanto del ayuntamiento, como del gobierno estatal, a nuestro parecer realizaron", apuntó.

Las personas que firmaron en diciembre de 2016 el permiso para que la comercializadora "Edifícate" pudiera realizar las labores de construcción a los alrededores de Lomas del Rubí fueron el entonces presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí, su secretario de gobierno, Carlos Mejía López, así como la directora de administración urbana, Ana Lilia Loaiza Martínez.

Sindicatura tiene un plazo de 80 días para dar una respuesta al litigante. "Tienen este tiempo para ver si admiten o si desechan, pero quiero hacer hincapié en algo, desde el escrito de reclamación ya se había precisado claramente quiénes eran las autoridades y la actividad administrativa irregular", agregó.

De igual forma mencionó que tienen un amparo indirecto con el cual se busca conocer los resultados de un procedimiento administrativo que se interpuso en la administración municipal pasada por el director de administración urbana, la sindico procuradora y el director de investigación y determinación de la sindicatura procuradora.

"No tenemos ninguna respuesta, ellos son los que iniciaron con este procedimiento administrativo para fincar supuestamente responsabilidades a los servidores públicos involucrados; hasta la fecha no conocemos esa respuesta", concluyó.

7 familias mantienen demanda el estado por un monto de 15 millones de pesos cada una

Siete familias de las cientos que fueron afectadas tras el derrumbe en Lomas del Rubí, mantienen una demanda contra el Estado por un monto de 15 millones de pesos cada una.

El abogado, Antonio Gómez, representante de las interesadas, acudió a sindicatura municipal para presentar documentos que le fueron requeridos para determinar qué funcionarios permitieron la construcción de un desarrollo a un costado de Lomas del Rubí, lo que a la postre causó la caída de las casas.

"Nosotros no estamos demandando a ningún servidor público, la demanda de responsabilidad patrimonial es en contra del Estado por actividad administrativa irregular que servidores públicos tanto del ayuntamiento, como del gobierno estatal, a nuestro parecer realizaron", apuntó.

Las personas que firmaron en diciembre de 2016 el permiso para que la comercializadora "Edifícate" pudiera realizar las labores de construcción a los alrededores de Lomas del Rubí fueron el entonces presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí, su secretario de gobierno, Carlos Mejía López, así como la directora de administración urbana, Ana Lilia Loaiza Martínez.

Sindicatura tiene un plazo de 80 días para dar una respuesta al litigante. "Tienen este tiempo para ver si admiten o si desechan, pero quiero hacer hincapié en algo, desde el escrito de reclamación ya se había precisado claramente quiénes eran las autoridades y la actividad administrativa irregular", agregó.

De igual forma mencionó que tienen un amparo indirecto con el cual se busca conocer los resultados de un procedimiento administrativo que se interpuso en la administración municipal pasada por el director de administración urbana, la sindico procuradora y el director de investigación y determinación de la sindicatura procuradora.

"No tenemos ninguna respuesta, ellos son los que iniciaron con este procedimiento administrativo para fincar supuestamente responsabilidades a los servidores públicos involucrados; hasta la fecha no conocemos esa respuesta", concluyó.

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