Alejandro Domínguez /La Voz de la Frontera
Mexicali. Hoy concluye la gestión de la XXII Legislatura de Baja California, una de las más polémicas de los últimos años, que pasó de la parálisis al escándalo nacional y con fuertes señalamientos de corrupción tras la aprobación de la extensión de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.
Lo que marca el protocolo es que mañana debe realizarse la sesión de clausura de la XXII Legislatura, lo cual es incierto debido al descrédito en el que han caído los actuales diputados locales; además, el edificio del Congreso se encuentra tomado, por lo que han sesionado en el municipio de Playas de Rosarito, fuera de la capital del estado.
La Legislatura termina su trienio entre escándalos como el de la noche del 19 de diciembre de 2018, cuando aprobó en privado la llamada Ley del Agua, que concesionaba la distribución del líquido y una actualización mensual de su costo, lo cual movilizó a los mexicalenses a tomar el Congreso y dos meses después la norma fue derogada.
Sin embargo, la inconformidad local se hizo nacional cuando en la sesión nocturna del 8 de julio, 21 diputados aprobaron de manera retroactiva la reforma a la convocatoria de la elección a la gubernatura del estado, para extender de dos a cinco años el periodo de esa administración, lo que se conoce como Ley Bonilla.
PARÁLISIS E INCONGRUENCIA
Para el analista político y excatedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Fernando González, la XXII se va con la marca de la corrupción e incongruencia, fueron flojos y nada profesionales, a pesar de que había gente con buenas agendas en el terreno social.
Un ejemplo de lo anterior, señala, es Catalino Zavala, diputado por Morena que logró la reelección con la cual suma cinco legislaturas en el cargo, pero a pesar de su experiencia no aplicó alguna política de impacto e incluso lo están promoviendo como Secretario de Educación en la próxima administración estatal.
También están Job Montoya, que acaba de renunciar a Movimiento Ciudadano y estuvo muy ligado al aumento del transporte público en Mexicali, y el diputado Carlos Torres Torres, panista que ya tiene cargo en la nueva administración municipal en Mexicali.
Por su parte, el exconsejero del Instituto Estatal Electoral, Rodrigo Martínez Sandoval, expuso que a esta Legislatura la considera con mucha insensibilidad política, ya que aprobó el endeudamiento promovido por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, en el que la administración entrante obtendrá beneficios al estar involucrada en el tema de las plantas desalinizadoras de agua.
“Me parece reprochable desde el punto de vista de la moral pública, inmoral que pretendan endeudar al estado por más de 30 años, hay que pagar más de 160 millones de pesos al mes por tantos años”.
Por ello, integrantes de la agrupación Artículo 39 Pro BC denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia local al presidente del Congreso, el priista Benjamín Gómez, por presuntos sobornos que le ofrecieron para aprobar la Ley Bonilla.
