/ jueves 10 de marzo de 2022

Ya costó 123 millones la planta fotovoltaica

La actual administración estatal tuvo que pagar por el contrato entre el gobierno de Jaime Bonilla y la empresa Next Energy.

Tijuana.-Sin permisos federales ni avance físico en la construcción de la planta fotovoltaica, el gobierno de Baja California se vio obligado a entregar 123 millones de pesos para la creación del fideicomiso de este proyecto, informó Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda.

De acuerdo con el contrato firmado entre la administración de Jaime Bonilla y la empresa Next Energy, la creación de este fondo es obligatoria y compromete las participaciones federales en caso que el gobierno de Baja California no entregue la aportación en forma voluntaria, en menoscabo de las finanzas del estado, subrayó.

Marco Moreno, secretario de Hacienda. Foto: Ángeles García | El Sol de Tijuana

En forma adicional, el estado está obligado a un pago de 12 mil millones de pesos para ese fideicomiso.

No obstante que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no existe una obligación de pago porque los permisos federales no se liberarán para la construcción de la planta fotovoltaica, el contrato con Next Energy generó un adeudo que afecta el erario de Baja California, dijo el secretario Moreno Mexía.

“El tema central es que, lógicamente el presidente no está enterado del detalle de la estructuración del proyecto”, sostuvo el funcionario.

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“Eso es lo que estamos combatiendo legalmente, no podemos permitir que recursos del presupuesto estatal se destinen a un proyecto que simple y sencillamente no se va a ejecutar porque no va a tener los permisos”, advirtió.

Precisó que el gobierno estatal continúa con las acciones legales encaminadas a detener los efectos financieros y cancelar el uso de las participaciones para el pago del proyecto.

Para deslindar responsabilidades en contra de los ex funcionarios implicados con la asignación del desventajoso contrato, se inició un par de acciones legales, “con la intención de que los funcionarios involucrados aclaren de forma racional el porqué se firmaron los contratos de esa manera”.

SHFP LLAMA A COMPARECER A EX FUNCIONARIOS

Un total de 56 carpetas de investigación se han integrado por aplicación de recursos de forma irregular, dio a conocer Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP)

Para deslindar responsabilidades, la funcionaria no descartó el llamar a comparecer al propio ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y al ex secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Tijuana.-Sin permisos federales ni avance físico en la construcción de la planta fotovoltaica, el gobierno de Baja California se vio obligado a entregar 123 millones de pesos para la creación del fideicomiso de este proyecto, informó Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda.

De acuerdo con el contrato firmado entre la administración de Jaime Bonilla y la empresa Next Energy, la creación de este fondo es obligatoria y compromete las participaciones federales en caso que el gobierno de Baja California no entregue la aportación en forma voluntaria, en menoscabo de las finanzas del estado, subrayó.

Marco Moreno, secretario de Hacienda. Foto: Ángeles García | El Sol de Tijuana

En forma adicional, el estado está obligado a un pago de 12 mil millones de pesos para ese fideicomiso.

No obstante que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no existe una obligación de pago porque los permisos federales no se liberarán para la construcción de la planta fotovoltaica, el contrato con Next Energy generó un adeudo que afecta el erario de Baja California, dijo el secretario Moreno Mexía.

“El tema central es que, lógicamente el presidente no está enterado del detalle de la estructuración del proyecto”, sostuvo el funcionario.

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“Eso es lo que estamos combatiendo legalmente, no podemos permitir que recursos del presupuesto estatal se destinen a un proyecto que simple y sencillamente no se va a ejecutar porque no va a tener los permisos”, advirtió.

Precisó que el gobierno estatal continúa con las acciones legales encaminadas a detener los efectos financieros y cancelar el uso de las participaciones para el pago del proyecto.

Para deslindar responsabilidades en contra de los ex funcionarios implicados con la asignación del desventajoso contrato, se inició un par de acciones legales, “con la intención de que los funcionarios involucrados aclaren de forma racional el porqué se firmaron los contratos de esa manera”.

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Un total de 56 carpetas de investigación se han integrado por aplicación de recursos de forma irregular, dio a conocer Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP)

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