Daniel Ángel Rubio
La elección de Carlos Montejo Oceguera como auditor superior del estado fue un acto autónomo del congreso local, según el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
El ejecutivo evadió responder si hay un conflicto de intereses de quien dijo revisará el manejo de los recursos públicos en el último año de su gobierno.
"No está en mí decirlo, yo no lo seleccioné (...) auditará creo el 19 porque todo lo demás ya hay un dictamen de cuentas públicas", comentó en conferencia de prensa al terminar un evento público de DIF estatal.
El nombramiento de Montejo Oceguera, propuesto en el Congreso por el Partido Acción Nacional (PAN), es cuestionado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Su titular, el empresario y ex presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha dicho que el proceso legislativo para nombrar al nuevo auditor fue irregular, y anunció un amparo.
El gobernador Vega de Lamadrid dijo que los inconformes están en su derecho de buscar el amparo y la autoridad judicial deberá resolver.
"Yo estoy a favor de la legalidad y de los ciudadanos", respondió al preguntarle si considera cuestionable el nombramiento de Carlos Montejo como auditor.
El nombramiento fue aprobado en la misma sesión en la que el Congreso aprobó la "Ley Bonilla" para ampliar la siguiente gubernatura de dos a cinco años.
Esa reforma a la constitución del estado sí ha sido rechazada por el gobernador que niega ser parte de los acuerdos políticos para que los diputados locales aprobaran ambos temas, y ha dicho que no ordenará la publicación en el periódico oficial.
"Hay gente que dice: que la firme. Y hay gente que dice: que no la firme. Y el que no la publique también tiene su sentido. Si no se publica no hay reforma. Ahora, no me ha llegado. Esperemos que llegue, si es que llega. Esperemos que llegue, y allí platicamos", dijo para terminar la sesión de preguntas y respuestas con los reporteros.
