/ miércoles 9 de octubre de 2024

BMA amaga con más impugnaciones: pide no aprobar leyes secundarias de Reforma Judicial

El Colegio de Abogados enfatiza que ninguna autoridad tiene facultad de ignorar suspensiones judiciales

La Barra Mexicana de Abogados pidió al oficialismo mexicano en los Poderes de la Unión que no apruebe y evite la promulgación de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con relación a la elección de jueces, ministros y magistrados que se llevará a cabo el 1 de junio del próximo año.

“No es conveniente promulgar las leyes secundarias hasta no revisar lo anterior (Reforma Judicial), para evitar incurrir en irregularidades que podrían generar impugnaciones adicionales, así como violaciones a tratados internacionales”, dice la Barra en un comunicado compartido esta mañana.

El 7 de octubre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desestimó las suspensiones judiciales otorgadas para evitar la promulgación de la Reforma Judicial y envió al Senado mexicano cambios a leyes secundarias que detallan cómo va a ser la elección popular de jueces, magistrados y ministros el 2025 y la convocatoria de la misma.

“Ante la reforma al Poder Judicial Federal, promulgada el 15 de septiembre de 2024, se han interpuesto amparos que señalan irregularidades en su proceso. Diversas suspensiones han sido otorgadas por jueces para evitar daños irreparables. Sin embargo, algunas autoridades las han desacatado, lo que vulnera el orden constitucional”, dice el Colegio de Abogados.

La Barra pide a los Poderes de la Unión que primero se resuelvan las impugnaciones y suspensiones otorgadas a quejosos que ven daños al Estado de derecho con la Reforma judicial promulgada el mes de septiembre y evitar una batalla legal adicional contra las nuevas modificaciones de la titular del Ejecutivo federal.

“Es crucial que la reforma al Poder Judicial Federal sea revisada para corregir inconsistencias dentro del texto constitucional y de éste con tratados internacionales, en materia de derechos humanos. Además, se debe aprovechar esta oportunidad para incluir disposiciones que refuercen el respeto a la carrera judicial y regulen las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial”, dice el comunicado.

El próximo 16 de octubre la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus asuntos del día un proyecto con el que se definirá si esté Máximo Tribunal tiene la facultad para suspender reformas constitucionales: en este caso la Reforma Judicial promulgada el mes patrio; los quejosos argumentan violaciones e irregularidades en los procesos de debate y aprobación.

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“Recordamos que la Ley de Amparo ofrece mecanismos claros para resolver estas controversias, y ninguna autoridad tiene la facultad de ignorar las suspensiones concedidas”, subrayó la Barra de Abogados.

De esta manera el Colegio de Abogados hace un llamado a todos los poderes políticos y autoridades a resolver cualquier conflicto “en estricto apego a la Constitución y las leyes, para evitar una crisis que afecte el Estado Constitucional de Derecho, la seguridad jurídica y la estabilidad del país”.

La Barra Mexicana de Abogados pidió al oficialismo mexicano en los Poderes de la Unión que no apruebe y evite la promulgación de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con relación a la elección de jueces, ministros y magistrados que se llevará a cabo el 1 de junio del próximo año.

“No es conveniente promulgar las leyes secundarias hasta no revisar lo anterior (Reforma Judicial), para evitar incurrir en irregularidades que podrían generar impugnaciones adicionales, así como violaciones a tratados internacionales”, dice la Barra en un comunicado compartido esta mañana.

El 7 de octubre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desestimó las suspensiones judiciales otorgadas para evitar la promulgación de la Reforma Judicial y envió al Senado mexicano cambios a leyes secundarias que detallan cómo va a ser la elección popular de jueces, magistrados y ministros el 2025 y la convocatoria de la misma.

“Ante la reforma al Poder Judicial Federal, promulgada el 15 de septiembre de 2024, se han interpuesto amparos que señalan irregularidades en su proceso. Diversas suspensiones han sido otorgadas por jueces para evitar daños irreparables. Sin embargo, algunas autoridades las han desacatado, lo que vulnera el orden constitucional”, dice el Colegio de Abogados.

La Barra pide a los Poderes de la Unión que primero se resuelvan las impugnaciones y suspensiones otorgadas a quejosos que ven daños al Estado de derecho con la Reforma judicial promulgada el mes de septiembre y evitar una batalla legal adicional contra las nuevas modificaciones de la titular del Ejecutivo federal.

“Es crucial que la reforma al Poder Judicial Federal sea revisada para corregir inconsistencias dentro del texto constitucional y de éste con tratados internacionales, en materia de derechos humanos. Además, se debe aprovechar esta oportunidad para incluir disposiciones que refuercen el respeto a la carrera judicial y regulen las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial”, dice el comunicado.

El próximo 16 de octubre la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus asuntos del día un proyecto con el que se definirá si esté Máximo Tribunal tiene la facultad para suspender reformas constitucionales: en este caso la Reforma Judicial promulgada el mes patrio; los quejosos argumentan violaciones e irregularidades en los procesos de debate y aprobación.

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“Recordamos que la Ley de Amparo ofrece mecanismos claros para resolver estas controversias, y ninguna autoridad tiene la facultad de ignorar las suspensiones concedidas”, subrayó la Barra de Abogados.

De esta manera el Colegio de Abogados hace un llamado a todos los poderes políticos y autoridades a resolver cualquier conflicto “en estricto apego a la Constitución y las leyes, para evitar una crisis que afecte el Estado Constitucional de Derecho, la seguridad jurídica y la estabilidad del país”.

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