/ lunes 8 de abril de 2019

Diputados avalan sanciones a servidores públicos por comprar votos

El dictamen fue avalado por unanimidad, en lo general, con 423 votos a favor y en lo particular por 407 votos en pro

La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los servidores públicos sean acreedores de sanción por violaciones a las leyes electorales, específicamente por hacer uso de recursos públicos.

El dictamen fue avalado por unanimidad, en lo general, con 423 votos a favor y en lo particular por 407 votos en pro, luego de que se aceptó una reserva propuesta por el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN). Se turnó al Senado de la República para su análisis y ratificación.

El documento surgió de una iniciativa presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), durante este periodo ordinario de sesiones, y dictaminada en la Comisión de Gobernación y Población.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Roció Barrera Badillo (Morena), expuso que al artículo 456 de la citada ley se le agrega un apartado para “incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de recursos públicos, estableciendo las sanciones correspondientes”.

Las modificaciones al artículo 457 son para establecer que “sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, estos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que de la misma conducta deriven”, abundó.

La legisladora indicó que esta reforma “fortalecerá las acciones que promuevan la cultura de la legalidad en el servicio público, haciendo sancionables aquellas conductas, no solo contrarias a la ética y la honestidad que deben distinguir el actuar de todo funcionario, sino las que resultan de manera verificada en violaciones abiertas o las normas electorales”.

Señaló que “dentro de una lógica de diseño democrático se busca que los servidores públicos mantengan principios, tales como honestidad, integridad e imparcialidad”, y las conductas que salgan de este marco “deben ser, efectivamente, sancionadas por las vías en las que se genere responsabilidad”.

La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los servidores públicos sean acreedores de sanción por violaciones a las leyes electorales, específicamente por hacer uso de recursos públicos.

El dictamen fue avalado por unanimidad, en lo general, con 423 votos a favor y en lo particular por 407 votos en pro, luego de que se aceptó una reserva propuesta por el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN). Se turnó al Senado de la República para su análisis y ratificación.

El documento surgió de una iniciativa presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), durante este periodo ordinario de sesiones, y dictaminada en la Comisión de Gobernación y Población.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Roció Barrera Badillo (Morena), expuso que al artículo 456 de la citada ley se le agrega un apartado para “incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de recursos públicos, estableciendo las sanciones correspondientes”.

Las modificaciones al artículo 457 son para establecer que “sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, estos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que de la misma conducta deriven”, abundó.

La legisladora indicó que esta reforma “fortalecerá las acciones que promuevan la cultura de la legalidad en el servicio público, haciendo sancionables aquellas conductas, no solo contrarias a la ética y la honestidad que deben distinguir el actuar de todo funcionario, sino las que resultan de manera verificada en violaciones abiertas o las normas electorales”.

Señaló que “dentro de una lógica de diseño democrático se busca que los servidores públicos mantengan principios, tales como honestidad, integridad e imparcialidad”, y las conductas que salgan de este marco “deben ser, efectivamente, sancionadas por las vías en las que se genere responsabilidad”.

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