PARIS, Francia – La Unión Europea (UE) discutirá hoy si decide retirar sus derechos de voto a Polonia para sancionar las frecuentes rupturas del Estado de derecho cometidas por el régimen del Partido Ley y Justicia (PiS) que dirige Jaroslaw Kaczynski.
Sería la primera vez que la UE recomienda la aplicación del artículo 7, conocido como la "opción nuclear" en materia de penalidades europeas.
El 26 de julio último, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, había acordado un plazo al gobierno ultraconservador de Varsovia para rectificar sus reformas del sistema judicial, que a juicio de Bruselas amenazan el Estado de derecho.
La amenaza de sanciones también fue decidida por cuatro actos legislativos aprobados recientemente por el gobierno polaco sobre la composición del Tribunal Supremo, la ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial, la legislación sobre Organización de Tribunales Ordinarios y sobre la Escuela Nacional de Poder Judicial. Esas reformas "socavan la independencia del poder judicial en Polonia”, según el ejecutivo europeo.
Dos de esas disposiciones fueron vetadas por el presidente Andrzej Duda, después de las grandes manifestaciones realizadas en todo el país por la oposición. El gobierno, sin embargo, decidió mantenerlas por orden del presidente del PiS, Jaroslaw Kaczynski, que es el verdadero hombre fuerte del país, aunque no ocupa ningún puesto oficial.
Entre 2016 y 2017, la Comisión Europea formuló en total tres advertencias y recomendaciones a las autoridades polacas. El Parlamento Europeo, por su parte, autorizó el mes pasado al Consejo a iniciar el proceso de aplicación de sanciones contra Polonia. Esa instancia formal requiere el voto de 22 de los 28 miembros de la UE.
El Parlamento también denunció la actitud hostil del gobierno polaco al aborto. El régimen de Varsovia restringe esa práctica únicamente a las interrupciones eugénicas, a pesar de que los tratados europeos acuerdan a los ciudadanos de la UE la posibilidad de elegir.
Aunque la Comisión tiene asegurada esa mayoría para la votación de hoy, no es seguro que luego pueda poner en práctica el artículo 7. Para adoptar una sanción de esa naturaleza necesita obtener la aprobación unánime de los Estados miembros, pero Varsovia cuenta con el apoyo indefectible de un aliado estratégico: el húngaro Viktor Orban, que ha seguido una trayectoria autoritaria similar, ya anunció que no votará las sanciones contra Polonia. “Está en el interés de Hungría, de Europa y de la amistad polaco-húngara que esta inquisición contra Polonia no tenga éxito", reiteró Orban en varias ocasiones. La República Checa también anticipó que se opondrá a las sanciones.
Varios grandes países, como Francia y Alemania, parecen decididos a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. “No se trata de un mero problema económico. Es algo más importante. Estamos en Europa, donde un conjunto de países comparte valores y está atento a la democracia, al Estado de derecho y a la separación de poderes. Si hay violaciones, hay que sancionarlas”, comentó ayer la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau.
Francia y Alemania examinan incluso la posibilidad de condicionar el acceso de Polonia a los fondos europeos, precisamente en momentos en que la UE debe debatir en los próximos meses la distribución de créditos para el periodo 2020-2026. Uno de los escenarios contemplados por París y Berlín prevé una reducción de 30% de los montos atribuidos a la llamada “política de cohesión”, destinada a ayudar a los países más rezagados a alcanzar el nivel de los miembros más desarrollados de la UE en materia económica y social.
