Tijuana.- La muerte de un ser querido siempre es lamentable. Cuando un ciudadano se ve inmerso de manera injusta en las garras de la violencia desatada, en una ciudad corrompida por la falta de inteligencia y pericia de las autoridades, queda siempre un quejo de amargura.
Sin embargo, cuando las víctimas son menores de edad, en los recientes casos un niño de 13 años y un adolescente de 15, que comienzan apenas a forjar su futuro, la rabia y el dolor ante el destino de estos inocentes, se tornan insoportables.
Las autoridades municipales de Tijuana y el Gobierno del Estado deben actuar con firmeza ante esta terrible ola de actos violentos que afectan en lo más profundo a la comunidad bajacaliforniana, sin olvidar que una de sus principales tareas, por mandato constitucional, es salvaguardar la integridad y seguridad de cada uno de los ciudadanos que gobiernan.
Ante hechos tan desgarradores como la muerte de Jesús y Jorge, en las colonias Villas de Baja California y Mariano Matamoros, respectivamente, ocurridos la pasada semana, quedan de lado las excusas y los discursos ajenos a la realidad que día con día los ciudadanos.
Más allá de las coincidencias temporales o las diferencias permanentes en la arena electoral, el PRD de Baja California suma su voz a la de miles de bajacalifornianos, exigiendo respuestas y justicia.
Ni perdón ni olvido para los miles de víctimas de la violencia en nuestro Estado. La cobardía de buscar salidas fáciles, pasando por encima de la obligación de procurar justicia, es una falta de respeto al dolor de los afectados.
No es un secreto para persona alguna que los resultados en este, como en otros rubros, rayan en el desastre; la ineptitud ante la emergencia que vivimos es casi un crimen hacia la ciudadanía.