PUEBLA. La circulación vehicular en la carretera México-Puebla se reactivó luego de que los ejidatarios de Ignacio López Rayón abrieron un carril en ambos sentidos de la vialidad, aunque mantienen su plantón a la altura del kilómetro 70 en demanda del pago de sus tierras, vendidas el siglo pasado para la construcción de dicha carretera.
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El secretario de Gobierno del estado, Javier Aquino Limón, informó que los habitantes de esa comunidad del municipio de Tlahuapan podrán ser denunciados por los particulares que fueron afectados durante el bloqueo de dicha autopista.
“Las afectaciones a terceros son muy delicadas y si algún particular decide denunciar, porque su carga se dañó o no llegó a algún lugar en el que tenía alguna actividad lo puede hacer. Eso corre en una vía totalmente distinta al diálogo que tuvimos”, dijo el funcionario poblano tras señalar que el caso podría llegar a la Fiscalía General de la República (FGR).
Aquino Limón explicó que los campesinos que bloquean la autopista son del ejido Ignacio López Rayón, quienes exigen un pago similar al que se dio en 2018 a los de Santa Rita Tlahuapan, por casi 180 millones de pesos.
Abogados consultados por El Sol de Puebla coincidieron en que el cierre vial que dejó por casi 48 horas continuas a personas incomunicadas y sin poder conseguir alimentos evidenció la fragilidad del Estado mexicano frente al cumplimiento de la ley, pues ninguna normativa reconoce que el derecho a manifestarse sea mayor a la libertad de tránsito de la población.
“Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo sexto el derecho a la libre manifestación de la población, inclusive cuando se trata de injusticias cometidas por autoridades, el estatuto es claro en detallar que la protesta no puede violentar los derechos humanos y civiles de terceros, como lo hace un bloqueo total”, apuntó el abogado Jonathan Amaro Hernández, egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP).
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En contraste, Roberto Rosete, abogado de esa misma institución y académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, dijo que las leyes fueron redactadas de forma ambigua, por lo que el Estado las ha ocupado históricamente para reprimir y criminalizar las protestas. El litigante consideró que “la libertad de manifestación ejerce un peso mayor a la de tránsito siempre y cuando no se vulneren otros derechos humanos de la población”.
Los ejidatarios de Ignacio López Rayón aseguran que poco más de 176 millones de pesos que el Gobierno federal dio al ejido de Santa Rita Tlahuapan en 2018 no los consideró a ellos, por lo que mantienen el plantón en plena carretera.
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