El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) estableció responsabilidades administrativas contra Jorge Israel Navarro Cantú, responsable del área de contrataciones del ISSSTE, por daños “graves” en contra de 57 mil 595 pacientes, nueve de los cuales fallecieron y dos mil 573 estaban graves al no recibir servicios de rayos X, endoscopía y mastografías, entre otros, durante los primeros meses de operaciones de la empresa Imedic en los hospitales del instituto.

Ante el Tribunal se ratificó que esa empresa favorecida por Almendra Ortiz, exresponsable de la seguridad y ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, no cuenta con “la experiencia profesional, la capacidad financiera y la capacidad de respuesta inmediata, ya que el estudio de mercado 47/2022 evidenció (que) el Registro Federal de Contribuyentes y el objeto social no se encuentran relacionados con el servicio contratado”.

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El Sol de México publicó el pasado 1 de noviembre que Imedic fue creada para vender perfumería y abarrotes, además de vender o rentar inmuebles. En el recorrido que OEM hizo en las sedes de Imedic, se acreditó que se usaron domicilios fachada, como una bodega abandonada de muebles, una lavandería, un taller y una plaza comercial, lo mismo que la Auditoría Superior de la Federación advirtió en 2019 en otro contrato adjudicado a la esa empresa.

El miércoles de la semana pasada la Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación de Imedic por 45 meses y la imposición de una multa por el perjuicio a esos 57 mil pacientes que se quedaron en espera de la interpretación y entrega de análisis clínicos en 90 unidades médicas del ISSSTE.

Después de que el ISSSTE decidió ya no renovar el contrato a la empresa Tesi por los servicios de imagenología en 40 unidades médicas, en el mes de junio el instituto determinó convocar con poco tiempo a una licitación para el Servicio Integral para la Gestión Digitalización, Almacenamiento, Procesamiento y Distribución de Imágenes Médicas de Imagenología (radiología), Endoscopía y Anatomía Patológica con un costo de 144 millones 768 mil pesos, con IVA incluido.

Debido a la premura el comité de compras, encabezado por Almendra Ortiz, en su calidad de directora Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, decidió adjudicar el servicio a Imedic durante seis meses a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de este año, pero ahora en 90 unidades médicas distribuidas en todo el país. Desde el primer día de operaciones de Imedic los pacientes, sus familias, trabajadores, médicos y directores de clínicas y hospitales denunciaron la falta del servicio.

El fallo del Tribunal señala que la sanción para Jorge Israel Navarro, en su encargo de subdirector de Recursos Materiales y Servicios, está por ahora en suspenso, debido a que el OIC no integró debidamente el expediente.

Los magistrados de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y la Segunda Sala Auxiliar devolvieron el expediente al Órgano Interno de Control del ISSSTE para que integre toda la documentación y se continúe con el procedimiento de “responsabilidad administrativa y, en su caso, con la imposición de la sanción correspondiente”.

Hasta el 1 de diciembre, afirmó el Tribunal, “está imposibilitado jurídicamente para continuar el procedimiento de responsabilidad administrativa...”, por lo que devolvió el documento para actuar conforme a derecho.

El documento que es público en la plataforma del Tribunal señala que el expediente en contra de Navarro Cantú se abrió desde el mes de septiembre bajo el número 902/22-RA1-01-6 y el informe se presentó el último día de ese mes, pero fue hasta noviembre que se señaló que su actuación, en la contratación de Imedic, causó daño a la salud de los derechohabientes del ISSSTE.

El señalamiento es que fue partícipe, como responsable del área de contratación de servicios, de la autorización de Imedic, no formalizó en tiempo el contrato y debido a que la empresa no cumplía con la experiencia ni el respaldo financiero, Navarro Cantú “causó perjuicio” a la salud de miles de pacientes.

El expediente del Tribunal señala en principio que Navarro incumplió la ley al autorizar, como responsable inicial en la cadena de mando, la autorización de la empresa cuando su razón social demostraba que la empresa no tenía la experiencia ni el respaldo para esas funciones.

Luego que a pesar de que la adjudicación del servicio a Imedic se hizo el 21 de junio de 2022, Navarro lo formalizó hasta el 29 de agosto cuando por ley debió hacerse a más tardar el 6 de julio. El incumplimiento provocó que 40 mil 86 servicios no se prestaran, 35 mil 547 se retrasaron, otros 25 mil 633 diagnósticos de enfermedades o padecimientos no se pudieran entregar.

El documento del Tribunal asegura que la actuación de Imedic hizo que 503 cirugías se suspendieran y otras mil 57 se reprogramaran “siendo afectados un total de 57 mil 595 pacientes, de los cuales han fallecido nueve y dos mil 573 se encuentran graves”, con lo cual se violentó la Constitución y la ley del ISSSTE de brindar servicios de salud de calidad, oportunidad, y equidad, con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. Para acreditarlo anterior, señala que entre el 29 de agosto y el 26 de septiembre, en los hospitales de especialidades de Puebla, el Bicentenario, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y la subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria se pudieron acreditar esas afectaciones.

En medio de la investigación ante la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal y antes de recibir la sanción por los perjuicios del servicio de Imedic, el funcionario de la Cuatroté: Jorge Israel Navarro Cantú dejó su cargo con fecha 1 de septiembre.

Según consta en su declaración patrimonial, llegó junto con el equipo de Almendra Ortiz al ISSSTE el pasado 1 de enero. El 28 de febrero presentó su declaración patrimonial de ingreso, con un salario neto de 71 mil 432 pesos, y el 13 de septiembre ingresó la de conclusión de su encargo en ese instituto.

El 19 de septiembre de este año, mientras se investigaba su actuación en el contrato de Imedic con el ISSSTE, la Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación por 45 meses de la empresa Casanova Vallejo, propiedad de Carlos Echenique Casanova, quien ofreció servicios, de ambulancias, mediante adjudicación directa, con sobreprecio.

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El procedimiento AD-C CS-DNAF-SR-MS-024-2022 de 113.3 millones de pesos en enero de 2022 fue autorizado por el comité de compras del ISSSTE bajo la responsabilidad de la directora de Normativa Almendra Ortiz y en encargo directo de formalización de Jorge Israel Navarro Cantú.

Solo que el servicio de 500 ambulancias superó los dos mil millones de pesos a la sociedad entre Casanova Vallejo y Jet Van Car de Cuauhtémoc Velázquez. Es decir, el costo total fue de dos millones 106 mil 867 pesos por el arrendamiento de 13 vehículos tipo SUV durante seis meses.