Tijuana.- Tan solo de la administración pasada, el 23 Ayuntamiento de Tijuana, se tiene un registro de 41 denuncias por presunta malversación de recursos contra funcionarios públicos, con un posible daño al erario público de 542 millones de pesos aproximadamente, informó Rafael Leyva Pérez, síndico procurador.
“Tenemos 41 denuncias presentadas por malversación de recursos contra funcionarios de primer nivel; presidentes municipales, titulares de la tesorería, oficialía mayor y regidores, con un momento estimado del erario público de 542 millones 225 mil 162 pesos”, indicó.
Respecto a la identidad de los señalados en estas denuncias, Leyva Pérez explicó que no puede brindar esa información.
“No puedo dar nombres porque esto violaría el debido proceso. Estamos hablando de la administración pasada (...) Hubo dos alcaldes, parte de la malversación de recursos tiene que ver con adjudicaciones directas, comité de adquisiciones, licitaciones que se hicieron, y en el caso de regidores por temas de gasto social”, agregó.
Además, el síndico procurador detalló que fue detectado que en al menos 278 obras públicas no fueron verificadas correctamente por el personal especializado en la materia por la pasada síndico procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa.
Leyva Pérez también destacó que hay 16 denuncias en contra de funcionarios públicos por presuntas extorsiones a vendedores ambulantes y comercios establecidos con montos que oscilan entre los dos mil 500 pesos y seis mil pesos.
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“Tenemos registro de solicitudes de dádivas por parte de funcionarios, el monto varía de acuerdo a la zona de venta. También tenemos denuncias por solicitud de dádivas que ascienden hasta los 40 mil pesos para otorgar permisos a comerciantes que previamente fueron negados por la dirección de inspección y verificación. Los casos datan del 2020”, detalló.
El síndico procurador agregó en su reporte que de la pasada administración recibieron 720 denuncias contra policías municipales y que hay nueve denuncias en contra el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), en donde se presume un daño patrimonial de 856 mil 989 pesos, esto deriva de las auditorías realizadas a este sistema en los años 2014, 2016 y 2017.
“Hay un expediente por reclamación al daño patrimonial, en donde el concesionario demanda al ayuntamiento debido a que tenía un permiso para operar el sistema de pago electrónico”, concluyó.