Tijuana.- El gobierno de Jaime Bonilla en Baja California es un gobierno sin ley, que solo obedece a los intereses más oscuros de este país, como los que representan la cooperativa pesquera Ensenada, aseguró la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas.
Tras el asesinato del pescador Diego Jiménez Aguilar el pasado 3 de noviembre, la legisladora dijo que la Fiscalía General estaba enterada de las amenazas y aseguró que nunca le dio seguimiento y lo dejó, como ha dejado al resto de los pescadores ribereños, en la total indefensión, la fiscalía y el gobierno estatal.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara de Baja, aseguró que poco antes del asesinato del líder pesquero, personalmente le pidió al fiscal general, Guillermo Ruiz Hernández, diera trámite a las denuncias por amenazas, pero "el fiscal no tiene autonomía ni poder de decisión, hace lo que le ordena Jaime Bonilla".
De acuerdo con la legisladora, la protección que brinda el gobernador Bonilla a la cooperativa pesquera Ensenada, particularmente a su líder, Francisco Arazúa, se debe a que este consorcio aportó dinero para la campaña política del gobernador morenista.
Aseguró que la Fiscalía General, además de no darle seguimiento a las carpetas de investigación de las denuncias que han presentado los pescadores, el día del asesinato de Jiménez Aguilar mantuvo el cuerpo expuesto por más de siete horas y no le practicó la necropsia de ley, por el contrario, lo congeló y en ese estado, lo entregó a su familia para poderlo sepultar "una fiscalía no pude hacer eso, no puede actuar de esa manera".
De acuerdo con la diputada por el estado de Guerrero, la cooperativa Ensenada representa los intereses más oscuros que existen en el país y deja entrever que su interés por controlar las costas en el sur del estado van más allá del interés por la utilidad de los productos que se extraen del mar, pues ha sido señalada por involucrarse en el ingreso de estupefacientes por ese sitio.
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Al ser cuestionado durante su transmisión matutina diaria al gobernador Jaime Bonilla sobre las fuertes declaraciones de la legisladora, el gobernador respondió que la legisladora debe tener pruebas de la acusación.
“Si tiene algún dato la diputada, fuera nada más acusación, con mucho gusto lo revisamos y para eso está la fiscalía. No sentimos que sea ningún tema que el gobierno tenga interés y menos un partido que no figura -el PES-, yo pensé que había perdido el registro. No sé si sea una situación de politiquería”.
