Tijuana.- El Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana aprobó presentar una demanda de juicio de controversia constitucional en contra del decreto 158 emitido por el Congreso del Estado, en el que se reformó el artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California para otorgar la facultad al gobernador de elegir a los suplentes de alcaldes cuando éstos pidan licencia por un periodo mayor a 30 días.
Fueron 13 votos a favor y uno en contra los que se registraron en la votación de la propuesta de demanda que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo el regidor Luis Antonio Quezada, de la Comisión de Régimen Interno del Ayuntamiento quien desglosó el tema.
“Se instruye a la Consejería Jurídica Municipal para que haga entrega en este momento a la síndico procuradora el documento que se elaboró y contiene la demanda de juicio de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Baja California, del gobernador como titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y del secretario general del Gobierno del Estado de Baja California por la emisión del decreto 158”, apuntó.
En el segundo punto se instruyó a la síndico procuradora para que en nombre del Ayuntamiento firme la demanda de juicio de controversia constitucional dentro de tres días hábiles a partir de la fecha en que la reciba de la Consejería Jurídica Municipal.
El tercer y último punto especifica que de no recibirse la demanda firmada por la síndico procuradora o un escrito donde exprese su imposibilidad para representar jurídicamente al Ayuntamiento, se faculta al presidente municipal para que sea él quien firme la demanda que se llevará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Consejería Jurídica Municipal.
Si bien la propuesta de demanda fue aprobada, la sindico procuradora, María del Carmen Espinoza, fue la única que votó en contra, argumentando que la reforma hecha por el Congreso del Estado se encuentra ajustada a derecho.
Así mismo, refirió que le pareció extraño e intencionado que se le pide ser la representante legal del Ayuntamiento en este caso, cuando el presidente puede ejercer la representación legal.