Basura pesada, llantas, escombros y todo tipo de desechos son depositados de manera irregular en basureros clandestinos y sitios como los arroyos Alamar y Los Laureles.
A pesar de que existen leyes y normas ambientales que sancionan este tipo de acciones, el personal con el que cuentan organismos como la Procuraduría del Medio Ambiente, es limitado y requieren del trabajo coordinado con otras dependencias municipales y estatales, para lograr mayor margen de maniobra.
Mientras tanto, organizaciones civiles mantienen jornadas de limpieza permanente en los sitios donde la situación es más crítica, sin embargo, los resultados se quedan cortos, respecto a la dimensión del problema.
ALAMAR, EL PUNTO MÁS CRÍTICO
El Arroyo Alamar es el segundo humedal natural más grande de Tijuana. Cuenta con una superficie aproximada de 350 kilómetros cuadrados.
Según lo expuesto por la presidenta de Hagamos Conciencia AC, Marisol Montaño, este espacio es utilizado como basurero clandestino por industrias constructoras, principalmente.
“Se ha limpiado en repetidas ocasiones por la sociedad organizada e iniciativa privada. En octubre de 2023 se retiraron 11 toneladas de basura. Es importante que autoridades se preocupen por el futuro ambiental y pongan mayor atención en sitios como éste que tienen un impacto ambiental positivo para Tijuana”, expuso la activista.
Otra organización involucrada en la limpieza de este sitio es Costa Salvaje, que ha detectado toneladas de llantas y de escombros, no obstante, la recolección de estos residuos se torna compleja.
“En Alamar pretendíamos meter maquinaria para sacar la cantidad de llantas que veíamos solo en el lado norte, en un pequeño espacio de área arbolada, en ese pedazo movimos más de 12 toneladas de basura en cinco horas de trabajo, pero nos quedamos cortos, hay áreas con mucha basura pesada, escombro”, expuso la gerente de residuos marinos de Costa Salvaje, Rosario Norzagaray Román.
LOS LAURELES, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
El arroyo Los Laureles, punto de vital importancia binacional dada su conexión con Estados Unidos, al igual que El Alamar, es usado para el depósito irregular de escombros, pero principalmente de basura pesada de colonos que no ven más alternativa que depositar sus desechos en esos espacios
“Por falta de conciencia mucha gente no respeta y usa el arroyo como basurero, porque se le hace fácil resolver que el camión no pasa. Hay otros que llegan por la falta de vigilancia policial y descargan basura y escombro, incluso de camiones que cobran por la recolección y no llegan hasta el relleno sanitario”, reveló Norzagaray Román.
La gerente de residuos marinos de Costa Salvaje recalcó que el arroyo Los Laureles recorre la mitad de la vialidad principal de la colonia Paseo de la Montaña, por lo que además de la basura, los vecinos deben soportar los malos olores que despiden las aguas negras.
“Periódicamente bajan descargas de aguas muy negras, con olor fétido, que es insoportable para la gente. Es terrible estar respirando un agua residual que va corriendo por ahí, es un crimen a la salud ambiental y pública, esas descargas ya no deben cruzar a cielo abierto, en medio de las casas de la gente que le tocó vivir ahí”, expresó.
En ese sentido, la presidenta de Hagamos Conciencia hizo énfasis en la falta de servicios públicos en Los Laureles, zona densamente poblada, donde las autoridades apenas alcanzan a recoger el 2% de los residuos.
“Hacemos un llamado a la sociedad en general, a los diferentes sectores de un cuidado ambiental y de nuestro entorno, para que esto no suceda”, externó.
La activista exhibió que además de los Laureles o el Alamar, en zonas como Otay y el Gato Bronco detectan basureros clandestinos donde camiones depositan escombros.
“Es algo que vemos y hemos estado dando aviso a las autoridades. Le damos seguimiento para que este tipo de cosas dejen de suceder. Cerca del 93% de los residuos que encontramos son comerciales, como llantas, lo que es escombro. Debe ser un esfuerzo compartido, tanto sociedad como gobierno, incluso de varias organizaciones civiles”, aseveró.
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MÁS SUPERVISIÓN PARA CUMPLIR LA LEY
Actualmente existen leyes, sanciones y normas, pero si no hay instancias gubernamentales que las apliquen, no habrá avances en la materia, consideraron las representantes de las organizaciones Costa Salvaje y Hagamos Conciencia.
De acuerdo con Rosario Norzagaray, no solamente la Procuraduría Ambiental o la Dirección del Medio Ambiente tendrían que cargar con esta responsabilidad, sino también corporaciones policiales.
“No ha habido una aplicación del reglamento, con una multa que haga que la persona que está cometiendo el delito sepa que volver a cometerlo no le es conveniente. Primero por el golpe al bolsillo y ojalá que la gente también entendiera que estamos acabando con nuestro entorno limpio. Requerimos realmente un cumplimiento de la ley y los reglamentos, que se sume la Policía Municipal, que es preventiva, a aplicar las multas que corresponden”, aseveró.
Y remató: “Necesitamos vigilancia, necesitamos educar a la gente, porque no tiene que haber un policía atrás de cada ciudadano para que respete. Ha habido tal laxitud en la aplicación de la ley y poder aplicarle la sanción a quienes han detectado el ilícito en contra de nuestro ambiente”.
Por su parte, Marisol Montaño coincidió con lo expresado por Norzagaray, y agregó que es necesario que se difundan las sanciones y lo que está permitido para empresas y sociedad en general.
“Más que seguir reformando la ley, sería aplicarla de una manera real, dar un seguimiento real en cuestión de esto, dar difusión sobre que ya existen estas leyes y reglamentos. Espero que den seguimiento porque tiene un reto enorme de promover y dar cumplimiento a estas disposiciones y normas jurídicas en materia ambiental. Ver de alguna manera que sean aplicables a lo que es el día a día en Tijuana”, apuntó.
PROCURADURÍA AMBIENTAL: PERSONAL LIMITADO
La Procuraduría del Medio Ambiente de Baja California es un ente de nueva creación. Entró en funciones el pasado mes de enero con una plantilla de 15 personas que debe cumplir corresponsabilidades que van desde la revisión del cumplimiento de las empresas hasta la atención de denuncias ciudadanas.
Su titular, Omar Javier Durán Contreras, señaló que la institución estuvo “congelada” más de 12 años aunque estaba en la ley y era una petición de los grupos ambientalistas.
“Somos un equipo reducido, pero de profesionales con trayectoria probada.
Entre los integrantes está el titular del Departamento Jurídico, Administrativo, la Dirección de Inspección y Verificación. Se hizo eficiente el gasto y no se crearon nuevas plazas” agregó.
Con una expectativa de recibir alrededor de 120 denuncias al año, la Procuraduría plantea crear convenios de colaboración con autoridades municipales y federales, así como con corporaciones policiales por los riesgos que corren los inspectores al atender los reportes.
“Para atacar en conjunto el problema necesitamos la colaboración de autoridades. Tenemos visto un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque hay ciertas áreas en las que los inspectores no pueden acceder solos. Buscamos realizar operativos para que esté seguridad pública, para si llega un vehículo, detenerlo, engancharlo y se lo lleve y de esta forma inhibir este tipo de contaminación”, explicó.
Durán Contreras indicó que Los Laureles y el Alamar son focos de contaminación importante a los que se añaden otros basureros clandestinos, depósitos de aguas residuales y áreas con alta contaminación del aire.
“Con la denuncia de la ciudadanía es lo que más trabajamos, la ciudadanía son nuestros ojos y oídos, pero tenemos que actuar de oficio, si nos percatamos que no están actuando según la normativa y si vemos que están quemando basura o tirando escombro, también podemos actuar. Aunque no todas las denuncias corresponden a nosotros, verificamos y una vez que nos damos cuenta quién es competente, nos quedamos con la investigación o la turnamos”, puntualizó.
Adicional a la atención de denuncias, recalcó que mantienen una permanente verificación en las empresas, donde revisan que cuenten con los permisos y licencias necesarias.
El procurador del medio ambiente de Baja California precisó que las multas van desde las 20 hasta las 20 mil UMA (Unidades de Medida de Actualización), es decir, desde los dos mil 171 pesos hasta los dos millones 174 mil pesos, según el valor actual de la UMA.
“También se presenta denuncia ante la Fiscalía General del Estado y reciba pena, multa o que se le prive de la libertad. La intención es tratar de inhibir y ser un poquito más duros con quien contamina y que la industria y el ciudadano esté al corriente”, aseveró.
